LAS DISCULPAS DE EVO A VENEZUELA. LA DEMOCRACIA SUMA CONSENSOS.

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Las autoridades del Gobierno boliviano investigan el destino final de 11 millones de dólares del programa Alternativa Bolivariana de las Américas—Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)— que tenía un financiamiento primario de 100 millones de dólares provenientes de la cooperación venezolana.

La Prensa accedió a documentación oficial que establece que el Ministerio de Producción y Microempresa aprobó créditos hasta abril de 2007 por un monto de 120.195.232 de bolivianos que representan 15.3 millones de dólares. Sin embargo, sólo existe respaldo de 4.414.497 dólares.
Según fuentes gubernamentales el programa del ALBA–TCP fue cerrado en mayo producto de las presuntas irregularidades que se presentaron en la asignación de recursos y aprobación de créditos.
En enero de este año, los responsables de la Comisión Binacional integrada por funcionarios de los gobiernos de Venezuela y Bolivia observaron la ausencia de contratos que justifiquen las operaciones y realizaron una auditoría sobre el caso. El proceso detectó que no existía documentación de respaldo.
De los 100 millones del crédito se otorgaron 15 millones sin justificativo, por lo que el gobierno venezolano —según las fuentes gubernamentales— decidió revertir el crédito.
Para evitar perder ese monto el presidente Evo Morales desarrolló el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” y procedió a la entrega de cheques a los alcaldes e instituciones con proyectos concretos. La embajada de Venezuela tiene la última palabra para la entrega de cheques.
Según los dirigentes de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype) los microempresarios recogieron sólo una parte del crédito, pero sus nombres figuran en listas oficiales como si hubieran recibido todo el monto que solicitaron.
Es el caso de Bernardo Calle Huasco, quien a través de una carta solicitó al viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Ramiro Uchani “agilizar” la concesión de su crédito. Calle Huasco solicitó 30 mil dólares, pero le entregaron 476 dólares para su empresa de cueros, aunque en la lista del “Certificado 1”, supuestamente, recibió 29.524 dólares, la primera entrega de los 476 y luego el resto del crédito. Estos montos, según los documentos del Ministerio, fueron desembolsados en 2006, pero la carta de reclamo de Calle es de 30 de marzo de 2007.
Otro caso es el de Mateo Condori gerente propietario de “Maderera Paradise”, quien solicitó 15 mil dólares, le prometieron un desembolso en dos partidas. El primero debería ser de 5.900, pero sólo le entregaron 3.665 dólares, y ni siquiera le explicaron la razón de la reducción.
Según su carta, “el señor Enrique Vacaflor con actitud altanera e impositiva dijo ‘son órdenes de la Ministra junto a la Embajada de Venezuela y se les está haciendo un favor al beneficiarlos con créditos a ustedes’”.
Según las planillas del Ministerio, Mateo Condori recibió la totalidad el dinero en 2006 pero al igual que Bernardo Calle su reclamo llegó tarde.
Una tercera carta firmada por 11 beneficiarios recuerda a la ministra Celinda Sosa el compromiso de la entrega de recursos del ALBA–TCP. Sus nombres están en las planillas de recepción con distintos montos.
El 23 de agosto de 2007, Germán Tarqui Zelada hizo llegar una nota a la ministra Sosa en la que reclama por la aprobación de su solicitud.
Explica que el monto aprobado fue de 7.200 dólares, pero su requerimiento fue reducido a 3.000 dólares sin explicaciones.
Asimismo, hace conocer que tiene problemas con una hilandería con la que firmó un contrato y que recibía “presiones por incumplimiento”.
En el caso de Potosí, según la documentación oficial del Ministerio de Producción, se aprobó la entrega de 3.1 millones de dólares para 25 proyectos productivos en diversas áreas, pero el dirigente departamental de los pequeños empresarios Crisólogo Llusco afirmó que a su región “nunca” llegó crédito alguno, y nadie se benefició.
Ministra pide proyectos
Según fuentes gubernamentales, la ministra Sosa solicitó a estas organizaciones la entrega de proyectos para su aprobación y cuando presentaron no les dieron ninguna explicación sobre por qué anularon las solicitudes.
Según el presidente de la Conamype, ellos contabilizaron “más de 1.500 proyectos presentados en todo el país, que llenaban los requisitos exigidos por el proyecto ALBA–TCP”, pero fueron beneficiados sólo 673 proyectos de empresarios.
También dijo que existen un sin fin de reclamos y que en el Ministerio de Producción les indicaron que ahora los desembolsos están a cargo del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y que el programa regional del ALBA–TCP fue suspendido en mayo de este año.
Explicó que en algunos casos los beneficiarios fueron obligados a firmar los contratos con el monto acordado pero sin haber recibido el crédito lo que elevó el reclamo.
El jueves se realizó una reunión en la federación de trabajadores gráficos y en ese encuentro el “asesor político” de Celinda Sosa, Hugo Móldiz, les dijo que estaban gestionando el refinanciamiento del ALBA–TCP y para ello requerían de tiempo porque se estaba negociando con la embajada de Venezuela.
Móldiz rehusó hacer declaraciones ayer y dijo que la ministra Sosa tenía la voz oficial sobre este caso.
Por ello, los funcionarios decidieron reunirse con los productores presuntamente afectados hoy a las 18.00 en el Ministerio de la Producción y Microempresa y poner fin a la disputa sobre el dinero que recibieron los microempresarios.
Vía La Prensa - Bolivia