Tras “madrugar” a la oposición en cuatro ocasiones, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha resuelto poner en marcha una vorágine electoral en 2008. El oficialismo prepara sus consultas sobre la nueva Constitución y la revocatoria de los mandatos presidencial y prefectural, para lo cual tendrá que reformar la Ley del Referéndum de julio de 2004, que establece que sólo puede realizarse un referéndum por cada periodo constitucional (cinco años) ya sea nacional o departamental. La Corte Nacional Electoral (CNE) requiere 50 millones de bolivianos y un tiempo estimado de 120 días para la preparación de cada consulta. Este nuevo proceso sucede a las cuatro decisiones que el oficialismo encaminó en la Asamblea Constituyente y en el Congreso sin Podemos, lo que obligó a modificar la estrategia opositora. El 24 de noviembre aprobó su Constitución en grande, el 28 de noviembre sancionó la Renta Dignidad y el cambio de la sede, el 7 de diciembre cambió la sede de la Asamblea a Oruro y el 9 de diciembre aprobó su Carta Magna en detalle. En primer lugar está el referéndum revocatorio, que ya tiene forma de anteproyecto de ley y fue remitido el domingo por el presidente Evo Morales al Congreso. Debe ser el Parlamento el que apruebe y convoque a referéndum, previa aprobación de dos leyes interpretativas, cuyas propuestas también fueron enviadas por el Poder Ejecutivo, pues la actual Constitución no toma en cuenta el referéndum revocatorio y tampoco la cesación de los mandatarios ni de los prefectos. Según el senador Ricardo Díaz (MAS), este proyecto debe ser aprobado antes de fin de año, lo que significa que el Congreso podría convocar el primer referéndum para marzo. En este acto, los bolivianos deben decidir si los actuales mandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera deben dar paso a nuevas elecciones, pero la continuidad del mandato también afecta a los prefectos, quienes pondrán a disposición de la población sus cargos. Díaz explicó que debe ser una sola consulta con 10 papeletas distintas: una para el presidente y nueve para cada uno de los prefectos. Pero aquí surge el primer problema porque los dirigentes del Comité Interinstitucional de Chuquisaca están seguros de que para marzo ellos convocarán a un referéndum departamental en procura de su autonomía y de reclamar la capitalidad con el retorno de los poderes del Estado a Sucre. El presidente del comité de Movilización, Tommy Durán, dijo que a ellos no les preocupan las decisiones de la Asamblea y que “sabotearán” las consultas populares convocadas por el Ejecutivo o el Congreso. Adelantó que esperan abrir los libros para la recolección de firmas para la convocatoria “por iniciativa ciudadana tal como establecen las leyes”. Luego está el referéndum dirimidor sobre el régimen de tierras, según la resolución de la Constituyente. Esta consulta será convocada por el Congreso, que también formulará la pregunta. Los opositores señalaron que debe debatirse primero la legalidad de la aprobación de la CPE. La presidenta del cónclave, Silvia Lazarte, informó que la siguiente semana el Poder Legislativo recibirá el artículo 398, que no logró consenso y está referido a la extensión máxima de tierra que puede tener un individuo. Según la Ley de Ampliación de la Asamblea Constituyente, el Congreso debe convocar a referéndum dirimidor en un plazo no mayor a 120 días para que el pueblo ponga fin con su voto a los desacuerdos existentes. Eso significa que en abril deberá realizarse otra consulta a la ciudadanía. Luego se tiene que convocar a una segunda consulta ciudadana, quizá para julio, para ratificar todo el texto constitucional aprobado en Oruro. Además está el tercer paso, que es una posible elección general para renovar todas las instituciones producto de la nueva Carta Magna, que podría ser en agosto de 2008. Según explicó el constitucionalista Carlos Alarcón, se deben contar los procesos desde que inició el mandato de Evo Morales y recordó que ya hubo un referéndum nacional el 2 de julio de 2006, sobre la autonomía departamental, ocasión en la que también se eligió a los constituyentes, y por ello no se podrá realizar otra consulta ciudadana. No obstante, sobre los referendos dirimidor y constituyente, dijo que no cuentan para las prohibiciones porque están instituidos en la Ley Especial de Ampliación de la Constituyente. La Ley del Referéndum de julio de 2004 manda que sólo se puede realizar una consulta nacional en un periodo constitucional (artículo 11). Quedan las otras consultas ciudadanas: los departamenos que accedieron a la autonomía departamental ya están preparando sus “estatutos autonómicos” e informaron que el viernes tendrán listos estos documentos. El vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, dijo que existen dos formas de aprobar estas normas departamentales: la primera es a través de un referéndum en la región y la segunda, en un cabildo. Pero el senador Carlos Böhrt (Podemos) explicó que los estatutos autonómicos primero deben ir al Congreso para su aprobación y luego a consulta ciudadana indefectiblemente. Los departamentos que deben seguir estos pasos son Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Núñez negó que ya se haya definido fecha para un referéndum y aclaró que será la Junta Autonómica —que se reunirá el sábado— la que definirá cuándo y en qué condiciones se desarrollará el referéndum; sin embargo, también dijo que es posible que se convoque a un cabildo para que sea la población la que apruebe estos estatutos. Pero no son sólo ellos; La Paz y Chuquisaca también preparan sus propias consultas: los capitalinos, por su autonomía y la capitalidad, y La Paz ahora habla de ser un departamento autónomo.
DIARIO LA PRENSA DE BOLIVIA
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