12 julio 2007

EL TESTIGO

TESTIGO EN PELIGRO. EL DE HOY, EL DE AYER, EL MISMO.

Archivo de La Nación




Camino del Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño
Suspendieron a un juez federal de La Plata y va a juicio político
El Consejo de la Magistratura acusó a Julio Miralles por su actuación en tres casos
Viernes 14 de julio de 2006 Publicado en la Edición impresa
Autorizaciones irregulares para instalar máquinas tragamonedas, indemnizaciones exorbitantes ordenadas en perjuicio de Ferrocarriles Argentinos y fraudes vinculados con el corralito son los hechos que se le imputan al juez federal de La Plata Julio Miralles, que ayer fue suspendido por el Consejo de la Magistratura y será sometido a juicio político. En una reunión rápida realizada en la mañana de ayer, los consejeros acusaron a Miralles por mal desempeño y remitieron el caso al Jurado de Enjuiciamiento, que en los próximos 180 días debe resolver si lo destituye. Mientras tanto, el juez esperará la definición en su casa. Ayer, a punto de despedirse del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4, Miralles dijo a LA NACION: "No esperaba esto. Tengo una tranquilidad absoluta con lo que hice. Yo tuve unos 40 mil expedientes del corralito; pude haber cometido errores, pero no para un juicio político". Ninguno de los consejeros coincidió con él y la acusación fue aprobada por unanimidad. La primera de las tres causas contra Miralles es de 2001. Entonces, el juez fue denunciado por haber dictado un fallo que condenó al Estado al pago de altos intereses por una indemnización adeudada por Ferrocarriles Argentinos. Según el Consejo, Miralles permitió el "indebido enriquecimiento de una de las partes" en perjuicio del Estado, que se vio obligado a pagar 2.267.000 dólares de más. La segunda acusación contra el juez sostiene que violó la ley cuando ordenó un pago -que no correspondía- de cuatro plazos fijos atrapados en el corralón. Pero esto no es todo. A Miralles lo juzgarán además por haber autorizado la instalación de máquinas tragamonedas en la Capital (donde no tenía competencia) y en 18 establecimientos de la provincia de Buenos Aires, pese a que la ley las prohibía. Al habilitar su funcionamiento, Miralles hizo lugar a un amparo de empleados de la Cámara Argentina de Agencias de Turf. Alegó que, así, protegía fuentes laborales. Sin embargo, el Consejo lo acusó de haber "amparado a poderosos intereses económicos" y sostuvo que avaló "no sólo el funcionamiento de las máquinas ya instaladas, sino también la incorporación de nuevas". En diálogo con LA NACION, Miralles negó los cargos. "Salvo en la causa de las tragamonedas, en todos los demás casos la Cámara confirmó lo que yo había resuelto y hasta amplió las cautelares dispuestas por mí", dijo. Y enfatizó: "Yo jamás autoricé un tragamonedas; sólo dije que, si estaban autorizadas, podían seguir funcionando". Ahora, Miralles planea recurrir, en su defensa, a un llamativo precedente del Consejo que podría beneficiarlo: el caso de José Casals, que aunque es juez de Misiones autorizó instalar tragamonedas en agencias hípicas bonaerenses -donde estaban prohibidas por una ley y un decreto- y no perdió su cargo. Miralles, que hace once años que es juez federal, dice que está preparado para volver a la abogacía. Sin embargo, los próximos meses no podrá trabajar más que en su defensa. Por suerte -relata-, además del derecho, tiene otra pasión: el fútbol. Es socio vitalicio del club Gimnasia y Esgrima La Plata, en el que jugó un año. Casado y con cuatro hijas, vive con su familia en La Plata. "Para ellas, esto es un infierno", decía ayer, mientras empezaba a vaciar su despacho.


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