EL PAIS EN MANOS DE POCOS QUE SE CREEN DUEÑOS
EL interventor designado por Julio de Vido, Roberto Pons y que en épocas de Menen y Cavallo, y durante la Gestión de Pereyra de Olazabal fuera presidente de la Corporación del Mercado Central (PONS DESREGULO ESE MERCADO CENTRAL DE LA MATANZA QUE FUERA CREADO, IMPULSADO POR LA FAA DE AUGUSTO VOLANDO Y LA INTEGRACION DE LAS ECONOMIAS REGIONALES DEL NOA Y EL NEA HACIA EL NEOLIBERALISMO COMERCIAL EN EL RUBRO FRUTIHORTICOLA, EN ESE UNIVERSO DESREGULADO DONDE NO SE SI TODAVIA PARA GUILLERMO MORENO "EL PROTECTOR"), que tenia de Gerente General al Dr. Landau, hoy diputado Nacional y apoderado del PJ de Kirchner, ex Presidente del Concejo Deliberante de Escobar durante el Mandato del Comisario Abelardo Patti. El que lo sucediera, luego de la intervención de dicho ente. Y en cuyo directorio estaba, nada más ni nada menos que el Juez Federal de Dolores Bernasconi (en al caso de Guillote Coppola) como director, del directorio que presidia el Interventor dado de baja por la justicia y designado por el Ministro de Obras y Servicios Públicos. Reasignadole el fallo las tareas de: que Roberto Pons, el ex economista de la Unión Industrial Argentina (UIA) designado como interventor, debe abandonar sus atribuciones de "coadministrador" y dedicarse sólo a "tareas de fiscalización y control de todos los actos que puedan afectar la normal prestación del servicio público".
Los términos de la Justicia son duros. Dice que el Enargas no parece estar "jurídicamente facultado a intervenir una empresa privada prestataria de servicio público de transporte de gas por redes" y que, incluso si así fuere, la decisión "no parece respetar el principio de razonabilidad bajo el cual se encuentran obligadas a actuar las autoridades públicas".
Dice La Nación de hoy:
Por entonces infinitamente más locuaz que hoy, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, había dicho que la medida estaba dirigida a resguardar "la soberanía nacional y a defender el aporte de cada trabajador argentino". Una semana después de la intervención, el Gobierno presentó una denuncia penal contra la compañía en el juzgado federal N° 6. La acusó de haber cometido "graves irregularidades en los libros de actas de la sociedad, que podrían constituir ilícitos de acción pública". Esos mismos libros son los que ahora tendrá que devolver. La medida cautelar tiene fecha del 23 de este mes, pero fue notificada ayer a ambas partes.
TGN la transmitió a la Bolsa en un comunicado. Está firmada por los jueces Néstor H. Buján y Pedro José Jorge Coviello, porque, consigna el texto, el tercer cargo está vacante.
Entre los cuestionamientos hacia el Enargas, le objeta no haber llamado a audiencia pública para resolver el problema. Agrega que la cesación de pagos "no puede prima facie tenerse como una conducta que resulte violatoria de disposición alguna contenida en el marco regulatorio del servicio público". E incluye párrafos contundentes, como el que acusa al ente de haber tomado una medida arbitraria: "El Enargas no ha acreditado siquiera verosímilmente de qué modo la decisión de TGN de postergar el pago de las obligaciones negociables a su vencimiento y de renegociar el pasivo financiero puede afectar la prestación material del servicio a su cargo".
Por el contrario, acusa al Enargas de haberse limitado sólo a "afirmar dogmáticamente que el incumplimiento puede llevarlo a no poder cumplir con el servicio sin molestarse en explicar la razón por la que uno pueda llevar a lo otro, máxime cuando la empresa, por el contrario, fundó esa postergación de pago precisamente en el propósito de mantener la prestación segura y confiable del servicio público”.
Los términos de la Justicia son duros. Dice que el Enargas no parece estar "jurídicamente facultado a intervenir una empresa privada prestataria de servicio público de transporte de gas por redes" y que, incluso si así fuere, la decisión "no parece respetar el principio de razonabilidad bajo el cual se encuentran obligadas a actuar las autoridades públicas".
Dice La Nación de hoy:
Por entonces infinitamente más locuaz que hoy, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, había dicho que la medida estaba dirigida a resguardar "la soberanía nacional y a defender el aporte de cada trabajador argentino". Una semana después de la intervención, el Gobierno presentó una denuncia penal contra la compañía en el juzgado federal N° 6. La acusó de haber cometido "graves irregularidades en los libros de actas de la sociedad, que podrían constituir ilícitos de acción pública". Esos mismos libros son los que ahora tendrá que devolver. La medida cautelar tiene fecha del 23 de este mes, pero fue notificada ayer a ambas partes.
TGN la transmitió a la Bolsa en un comunicado. Está firmada por los jueces Néstor H. Buján y Pedro José Jorge Coviello, porque, consigna el texto, el tercer cargo está vacante.
Entre los cuestionamientos hacia el Enargas, le objeta no haber llamado a audiencia pública para resolver el problema. Agrega que la cesación de pagos "no puede prima facie tenerse como una conducta que resulte violatoria de disposición alguna contenida en el marco regulatorio del servicio público". E incluye párrafos contundentes, como el que acusa al ente de haber tomado una medida arbitraria: "El Enargas no ha acreditado siquiera verosímilmente de qué modo la decisión de TGN de postergar el pago de las obligaciones negociables a su vencimiento y de renegociar el pasivo financiero puede afectar la prestación material del servicio a su cargo".
Por el contrario, acusa al Enargas de haberse limitado sólo a "afirmar dogmáticamente que el incumplimiento puede llevarlo a no poder cumplir con el servicio sin molestarse en explicar la razón por la que uno pueda llevar a lo otro, máxime cuando la empresa, por el contrario, fundó esa postergación de pago precisamente en el propósito de mantener la prestación segura y confiable del servicio público”.
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