16 septiembre 2010

LA NECESIDAD DE IR A UNA JUSTICIA POPULAR ASAMBLEARIA

KUNKEL, GULLO Y CONTI COMISARIOS DEL PUEBLO
Debemos plantear seriamente reformar la justicia e imponer juzgados populares. Hay que blanquear lo que es de hecho. La Cortes Españolas deciden archivar las causas iniciadas por el Juez Garzón sobre crímenes entendidos como de “Lesa Humanidad” y separar de su Cargo al mismo e indultarlo mandándolo como ayudante de Moreno Ocampo a la Corte de la Haya y la jueza Servini de Cubría a pedido de algún residente Español en la Argentina reabre aquí los juicios. Por lo tanto aun estando en un gobierno democrático la justicia española es tomada en tela de juicio como incapaz de juzgarse a sí misma. Pero hete aquí que en Chile piden la extradición de un guerrillero Chileno participe supuesto de un asesinato de un senador y un secuestro, y es las organizaciones de derechos humanos afines al Juez Baltazar Garzón, que salen a defender y piden al Poder Ejecutivo que declare al guerrillero Refugiado Político a fin de que no sea investigado por crímenes cometidos durante la democracia en Chile y por jueces de la actual democracia chilena, como si fueran hijos de Pinochet. Esta sensación de que la justicia es un manejo de piolas, que unos tienen coronita y otros no y todo teñido de ideología, que unos por ser Guerrilleros cometen crímenes políticos, y los que quizás fusilaron por ordenes superiores son criminales de lesa humanidad, ya van rompiendo el esquema del sentido común de la gente porque más allá del dolor y la persecución ocurrida, hoy se convierten en entelequias manipuladas en discursos antojadizos para cagar a quienes quieran y salvar a quienes quieran. Lo mismo pasa con que se salga a cuestionar un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Entender que un fallo de la misma puede ser destituyente y puede generar el repudio de un funcionario aun investido por el voto, es un crimen de lesa estupidez constitucional para la organización del estado federal. Sobre la base esa, podrían las mismas provincias renunciar a que las siga gobernando Buenos Aires por un mero acto administrativo, o Rodríguez Saa no aplicar la ley de Medios en su provincia y que no se le aplicara el remedio federal. O se negara a girar el impuesto al cheque generado en su provincia. Todo es antojadizo, confrontativo, cuestionante. Sobre el desconocimiento de la gente del sistema político argentino se hacen las cosas una cuestión de criterios, no una obligación legal. Puede cualquier funcionario a decir, no es mi criterio, o agredir como Agustín Rossi un fallo de la corte como si fuera un gentil hombre de la calle, no un diputado de la Nación representante de un poder del Estado. Toda una enfermedad de una sociedad que se debate en un cambio de formas de hacer política, atadas a una constitución que no enmarca el accionar de esta gente. Debería someter a un plebiscito constitucional para ver si la gente acompaña el con una reforma constitucional su manera de gobernar. No debe parecernos correcto que esta confrontación diaria con los poderes del estado por una sistemática de su palurdismo político, aplaudida por la cohorte de alcahuetes tengo sentido, cuando aún vivimos en un contexto jurídico que es obvio que no les calza.



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