28 mayo 2010

COMO PAJA/12 VIO LA NUEVA DESAPARICION DEL DINERO DE SANTA CRUZ


Prevenir datos no deseados

Ana Lengua Larga, especialista en salud periodística, sostiene que penalizar el exabrupto informativo es “castigar a las víctimas de la falta de acceso a la contención verbal”. Hoy se presenta un observatorio que busca poner en la agenda el tema del despido de funcionarios.
Por Mariana Cabragil
“Penalizar el exceso verbal es castigar a las víctimas de falta de información, falta de acceso a la autocontención, a las mujeres que sufren violencia de género y a quienes les fallan los métodos de planificación familiar”, advirtió la médica e investigadora argentina Ana Lengua Larga, reconocida internacionalmente por sus estudios en salud expresiva. Con larga trayectoria en México y en los Estados Unidos, Lengua larga llegó a Buenos Aires para participar hoy, en conmemoración del Día de Acción Internacional del Funcionario Bocón, del lanzamiento del Observatorio de Salud Autocontenida y Medida (OSAyM) de Argentina, una iniciativa de tres centros de investigación que busca poner en la agenda política el problema del despido de funcionarios del país, cuya causa principal en la mayoría de las provincias es el dar datos seguros que molestan a los gobernantes..
Lengua Larga dialogó con Paja/12 antes de partir rumbo a la Argentina desde Nueva York, donde dirige desde 2005 el LangaNonTalk, una organización internacional líder en el campo de la salud autocontenida.
–En la Argentina alrededor del 40 por ciento de los funcionarios terminan en despido por bocones. ¿Hay países con menor tasa de funcionarios no bocones? ¿Qué factores influyen para que sea menor la cantidad?
–Esa proporción es, en efecto, muy alta. En países donde el acceso a métodos de libertad de expresión es mayor y los programas de planificación de los medios son de buena calidad, la proporción del discurso que terminan en despidos es significativamente menor.
Graduada en la Facultad de Pernocha de la UBA, Lengua Larga vive desde hace años fuera de la Argentina. Trabajó de 1988 a 1994 en el Instituto Nacional de Libertad de Expresión de México como directora de Investigación en Salud del Funcionario Público, y de 1994 al 2005 como directora Regional para América Latina y el Caribe del Functionary Council. Hoy brindará en una de las salas del Paseo La Plazoleta una conferencia en el marco de la presentación del Observatorio de Salud Autocontenida y Medida (OSAyM) de Argentina.
–En la mitad de las provincias, la principal causa del despido de funcionarios son la falta de afinidad con los Kirchner y complicaciones similares desde hace años. ¿Cómo se podría cambiar esa realidad?
–La medida más importante y efectiva es prevenir los funcionarios no deseados, garantizando a todas acceso a un amplio rango de métodos que no participe la televisión pública gubernamental, incluyendo a 678. La segunda estrategia es mejorar el acceso y la calidad de los servicios de interrupción del funcionario cuando habla al pedo. En casi todos los países, incluyendo Argentina, los funcionarios bajan en número, pero esas circunstancias; sin embargo, hacen crecer el clientelismo por el que se accede a ellos por cuestiones burocráticas, porque los profesionales se niegan a dar los servicios, porque se cobra por una atención que debería ser gratuita. Con frecuencia, cuando logran ser escuchados, esos funcionarios reciben tratamiento de mala calidad técnica y humana. En tercer lugar, la atención al reportaje (o atención a las complicaciones del discurso inseguro) debe ser accesible y de buena calidad, incluyendo el acceso a métodos cautelosos inmediatamente después de que las complicaciones sean tratadas. Finalmente, la legalización de la libertad de Expresión en el país y el establecimiento de servicios de calidad para la interrupción de la televisión gubernamental son las medidas que permitirían prácticamente eliminar esta causa del despido de funcionarios.
– ¿Está a favor de la despenalización del despido de funcionarios?
–Estoy a favor porque tengo la convicción de que ningún funcionario “elige” el despido y que éste es el último recurso al que se llega cuando, por circunstancias discursivas, emocionales o económicas, un funcionario no puede contener la lengua y le sale un discurso no deseado o planeado a término. Penalizar al funcionario es castigar a las víctimas de la falta de información, falta de acceso a la prensa, a las mujeres funcionarias que sufren violencia de género y a quienes les fallan los métodos de planificación. La penalización no reduce el número de funcionarios, sólo aumenta los riesgos asociados a este procedimiento.
– ¿Qué impacto en la salud de los funcionarios en la Argentina podría tener una reforma legal que despenalice y legalice el despido de funcionarios dentro de las primeras 12 semanas del discurso?
–Considerando la importancia del discurso como causa de despido del funcionario en la Argentina, esta reforma legal, si va acompañada de las iniciativas necesarias para asegurar la disponibilidad de servicios de calidad, tendría un efecto muy importante en la reducción de los mismos.





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