EL PROGRESISMO ES COMO CARGAR UNA MALETA

El presidente de la estatal petrolera entra en contradicciones por la firma con Catler, pero Evo lo ratifica
Por orden de Nardy Suxo, la UIF indaga a Santos y éste se desentiende de parientes

Santos Ramírez dice que sólo se casó con su esposa y no con los familiares de su cónyuge

El Viceministerio de Transparencia ordenó una investigación a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para establecer si hay irregularidades en el contrato de construcción de una separadora de líquidos en Río Grande, en tanto que una comisión de fiscales hará indagaciones en torno de una eventual vinculación del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, con la muerte de Jorge O’Connor. Mientras tanto, el presidente Evo Morales salió ayer en defensa de su colaborador y éste aseguró no tener parentesco con los hermanos Córdoba y que no es responsable de lo que hagan sus familiares políticos. Por disposición de Morales, la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, indicó que “no se encubrirá” a nadie en caso de ser ciertas las versiones en sentido de que el contrato con el consorcio Catler-Uniservice adolece de irregularidades en su contenido o en el proceso de adjudicación. Con ese objetivo, Suxo solicitó a la UIF que intervenga en las cuentas de Ramírez; su ex esposa; su actual consorte, Jiovana Cristina Navia, y de otros, proceso que demandará entre cinco y diez días. La Viceministra solicitó por escrito informes a YPFB, al Ministerio Público, Policía, Ministerio de Hacienda y a otras instituciones estatales para aclarar las denuncias. Una comisión de fiscales que incluye uno especializado en corrupción pública y un grupo multipartidario de senadores efectuarán paralelamente otras averiguaciones sobre el caso. Ramírez aclara En conferencia de prensa ofrecida ayer a mediodía, Ramírez no hizo referencia a los 450.000 dólares arrebatados a Jorge O’Connor la mañana del martes 27, cuando fue asesinado. No salió antes al encuentro de los medios de comunicación porque, “cuando era senador, estaba en la obligación de participar en la polémica pública, pero desde que asumimos la Presidencia de YPFB decidimos trabajar intensamente y exclusivamente por la empresa”. Exteriorizó su disposición de acudir a todas las instancias que lo convoquen para explicar la legalidad de sus acciones. Desmintió ser tío de los hermanos Córdoba Santiváñez, acusados de ser los autores intelectuales de la muerte del contratista, porque “para ser parientes de Santos Ramírez mínimamente tendrían que hablar quechua y fundamentalmente no matar”. “Si los hermanos de mi esposa están siendo investigados, si tienen algún proceso, ésa es responsabilidad de cada uno de ellos. Yo no tengo por qué asumir la responsabilidad de terceras personas”. El titular de Yacimientos aseguró que sólo se casó con su “señora esposa”. En referencia a la suscripción del contrato con la constructora de la planta separadora de líquidos en Río Grande, aclaró que no se trata de una “empresa fantasma”, pues es erróneo basarse en un legajo de Fundempresa, signado con el número MAT 142-400, que confiere la calidad de sociedad de responsabilidad limitada al consorcio, pues YPFB no puede rubricar contratos de esta magnitud con sociedades de ese tipo. Dijo que se trata de una sociedad accidental, cuyos ingresos anuales superan los 20 millones de dólares, y respaldó su afirmación al mostrar el acta de constitución, aunque no distribuyó copias del documento en cuestión, pero afirmó que el proceso de adjudicación fue legal y que obedeció a razones de orden técnico y económico, pues su propuesta era más conveniente que la otra proponente, la estadounidense Exterran Hannover. Sin embargo, en todos los documentos oficiales de la estatal petrolera figura que el convenio fue firmado con Catler Uniservice S.R.L. y el quinto número del boletín Con Energía Propia así como cables de la oficial Agencia Boliviana de Información (ABI) dan cuenta de que Ramírez suscribió el mencionado acuerdo con Agustín Melano, de nacionalidad argentina. En la rueda de prensa de ayer, la autoridad aseguró que había firmado los documentos con Miguel O’Connor, hermano menor del profesional asesinado el martes reciente. Consultado sobre el avance de obras, Ramírez mostró fotografías e informes de fiscalización de la fabricación de los equipos en Argentina y EEUU. Citó a las factorías SICA Argentina y Lito Gonella e Hijo de Santa Fe, además de Gulsby Process System, en Houston, aunque al dar el número telefónico de una empresa establecida en Santa Fe hizo conocer uno correspondiente a Buenos Aires. Admitió que el consorcio todavía tramita la licencia ambiental correspondiente y que, comoquiera que la modalidad del contrato es “llave en mano”, no se siente preocupado por el avance de las obras. El superintendente de Empresas, Rolando Morales, informó ayer a la Red Erbol que el consorcio Catler Internacional, formado por la boliviana Catler Uniservice S.R.L. y la panameña Uniservice Catler Internacional, está legalmente establecido el país. Una insistente versión, no confirmada, circuló en medios políticos en sentido de que el presidente Evo Morales había convocado de urgencia a su gabinete para analizar el caso y adoptar una posición. Desde la muerte de O’Connor, Ramírez había evitado vertir comentarios públicos sobre el particular, pero esa supuesta reunión de gabinete pudo haberle recomendado la aparición pública. Se conoció que durante toda la tarde Ramírez estuvo reunido con autoridades nacionales en el Palacio de Gobierno.

Ratificado por Evo

En un acto cumplido en la ciudad de Tarija, el presidente Evo Morales ratificó en sus funciones a su colaborador al frente de Yacimientos. “Yo conozco al compañero Santos Ramírez y dudo de esas acusaciones, pero el caso está en investigaciones. No porque sea Ramírez del ámbito político puede ser tapado. No, tiene que esclarecerse, pero pongo dos ejemplos: Jorge Alvarado y Manuel Morales Olivera, ex presidentes de YPFB que han sido acusados, se han defendido y no hay nada hasta ahora e inclusive sus acusadores se escaparon al no tener pruebas”.

“Fernando sabe”

Ernesto Córdoba Santiváñez confesó ayer que su hermano Luis Fernando conoce la identidad del destinatario final de los 450.000 dólares arrebatados al ingeniero Jorge O’Connor el 27 de enero, cuando fue asesinado. El implicado en el atraco y asesinato de O’Connor afirmó que la del martes no fue la primera vez que su hermano Luis Fernando acompañaba a la víctima en este tipo de transacciones en La Paz, por lo que pidió investigar el número de cheques que cobraron y los depósitos que realizaron. Dijo que es inocente de todo cuanto se le sindica y que si tenía documentos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en su local nocturno, El Caballito, era porque había planificado presentar un proyecto a consideración de la estatal petrolera. Señaló también que conoce por televisión al presidente de YPFB, Santos Ramírez, pero que nunca tuvo ninguna relación comercial con la autoridad. “Tienen que preguntarle a mi hermano, lo que yo les pido es que hablen con él, al final y al cabo, si a nosotros nos están queriendo involucrar en todo esto, mi hermano va a tener que hablar con todos ustedes y contarles a quién estaba dirigido el dinero, mi hermano sabe y también Mario Cossío”, un ejecutivo de Catler Uniservice. “Creo que la prensa ya tiene la respuesta. Mi hermano tiene que explicarles, pero no fue la primera vez que sacan este monto de plata. Ustedes averigüen en los bancos cuántas veces han ido a dejar fuertes cantidades. Hay un contrato entre YPFB y una empresa donde estaban trabajando”. Córdoba formuló estas declaraciones desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se encontraba recluido hasta ayer por la tarde, cuando fue trasladado al penal de San Pedro. Entretanto, el diputado de Poder Democrático y Social (Podemos) Marco Antonio Córdoba afirmó ayer que no conocía las actividades y negocios en los que están implicados sus hermanos pues los delitos son intuito persona y no de familia y que deberán responder ante la justicia.

Fuente La Prensa de Bolivia