SEGUN LAS REGLAS PROCESALES, INTERVENDRA EN LA CAUSA HASTA EL FINAL
El tribunal más cuestionado por el Gobierno entra en el caso Skanska
Es la Sala IV de la Cámara de Casación. Tendrá que decidir si libera al detenido que involucró al Ministerio de Planificación. Kirchner acaba de apuntarle por demorar los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Es la Sala IV de la Cámara de Casación. Tendrá que decidir si libera al detenido que involucró al Ministerio de Planificación. Kirchner acaba de apuntarle por demorar los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Pablo Abiad
pabiad@clarin.com
El tribunal más cuestionado por la Casa Rosada, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, empezará a intervenir en el expediente judicial que más preocupa a algunos funcionarios del Gobierno: el caso Skanska. Los jueces acaban de recibir el asunto y de acá a algunas semanas van a resolver si liberan o no al detenido que vinculó al Ministerio de Planificación con un pago de coimas.Los jueces son Ana María Capolupo, Amelia Berraz y Gustavo Hornos, denunciados —junto a otros miembros de la Cámara— por supuestas demoras intencionadas en causas sobre delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Berraz actuará en el caso Skanska hasta el 31 de mayo, cuando se haga efectiva la renuncia que presentó la semana pasada. Y Hornos podría excusarse, porque un hermano suyo —camarista en lo Penal Económico— ya participó del mismo expediente.Los tres están siendo sometidos a un proceso previo al de juicio político, iniciado por organismos de derechos humanos y que contó con un fuerte aval del Presidente. En el Consejo, cuya misión es analizar la conducta de los jueces, el oficialismo está en buenas condiciones de inclinar cualquier votación en su favor, luego de una polémica reforma realizada el año pasado.Al mismo organismo remitirá el ministro del Interior, Aníbal Fernández, una denuncia contra uno de los dos jueces que investigan el caso Skanska: Javier López Biscayart, del fuero en lo Penal Tributario. Como adelantó ayer Clarín, el ministro y el juez mantuvieron un cruce por el lugar de detención de Adrián Félix López, el imputado que dio a entender que los sobornos de Skanska desembocaron en Planificación.La pelea se debió a que, por razones de seguridad, López Biscayart quiso trasladar a López de una cárcel del Servicio Penitenciario a otra de la Policía Federal. La Policía se negó invocando una decisión de Aníbal Fernández; el juez declaró inconstitucional esa resolución, pero terminó mudando a su detenido a una celda que prestó el Gobierno de la Ciudad. Por carta, mecanismo inusual, el ministro le contestó al juez que había "avasallado" sus funciones y le advirtió que esta semana lo denunciará ante el Consejo.Hay un segundo juez en el caso Skanska: Guillermo Tristán Montenegro, del fuero federal, designado en 2004 por Néstor Kirchner. Montenegro está trabado con López Biscayart en un conflicto de competencia: los dos dicen ser los encargados de llevar este tema, cada uno a partir de una denuncia original distinta.La Sala B de la Cámara en lo Penal Ecomómico —integrada por Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, el hermano de Gustavo— está por zanjar esta discusión. Todo indica que le darán la razón a Montenegro.En Casación, son tres los recursos que tienen que resolver sobre Adrián López: su excarcelación, su procesamiento y la validez de su indagatoria. Si confirmaran las actuaciones de López Biscayart, los camaristas le darían un innegable respaldo a la marcha de este caso justo cuando el Gobierno los puso en su mira.Según una regla procesal, además, la Sala IV intervendrá hasta el final de este expediente. Más incierto, en cambio, es el futuro de sus actuales integrantes; lo mismo que el de Alfredo Bisordi, camarista de la Sala I que hoy se encuentra de licencia por salud. Berraz, en la esquela que acompañó a su renuncia, sólo dijo que se jubilaba; Hornos y Capolupo no dieron ningún paso en este sentido, todavía.La Cámara de Casación está sospechada de favorecer la situación procesal de ex represores. En el caso Skanska, las sospechas están orientadas sobre la cúpula del Ministerio de Planificación y sobre el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Skanska ya reconoció que pagó sobornos, pero la empresa dice no saber a quién beneficiaron.
pabiad@clarin.com
El tribunal más cuestionado por la Casa Rosada, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, empezará a intervenir en el expediente judicial que más preocupa a algunos funcionarios del Gobierno: el caso Skanska. Los jueces acaban de recibir el asunto y de acá a algunas semanas van a resolver si liberan o no al detenido que vinculó al Ministerio de Planificación con un pago de coimas.Los jueces son Ana María Capolupo, Amelia Berraz y Gustavo Hornos, denunciados —junto a otros miembros de la Cámara— por supuestas demoras intencionadas en causas sobre delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Berraz actuará en el caso Skanska hasta el 31 de mayo, cuando se haga efectiva la renuncia que presentó la semana pasada. Y Hornos podría excusarse, porque un hermano suyo —camarista en lo Penal Económico— ya participó del mismo expediente.Los tres están siendo sometidos a un proceso previo al de juicio político, iniciado por organismos de derechos humanos y que contó con un fuerte aval del Presidente. En el Consejo, cuya misión es analizar la conducta de los jueces, el oficialismo está en buenas condiciones de inclinar cualquier votación en su favor, luego de una polémica reforma realizada el año pasado.Al mismo organismo remitirá el ministro del Interior, Aníbal Fernández, una denuncia contra uno de los dos jueces que investigan el caso Skanska: Javier López Biscayart, del fuero en lo Penal Tributario. Como adelantó ayer Clarín, el ministro y el juez mantuvieron un cruce por el lugar de detención de Adrián Félix López, el imputado que dio a entender que los sobornos de Skanska desembocaron en Planificación.La pelea se debió a que, por razones de seguridad, López Biscayart quiso trasladar a López de una cárcel del Servicio Penitenciario a otra de la Policía Federal. La Policía se negó invocando una decisión de Aníbal Fernández; el juez declaró inconstitucional esa resolución, pero terminó mudando a su detenido a una celda que prestó el Gobierno de la Ciudad. Por carta, mecanismo inusual, el ministro le contestó al juez que había "avasallado" sus funciones y le advirtió que esta semana lo denunciará ante el Consejo.Hay un segundo juez en el caso Skanska: Guillermo Tristán Montenegro, del fuero federal, designado en 2004 por Néstor Kirchner. Montenegro está trabado con López Biscayart en un conflicto de competencia: los dos dicen ser los encargados de llevar este tema, cada uno a partir de una denuncia original distinta.La Sala B de la Cámara en lo Penal Ecomómico —integrada por Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, el hermano de Gustavo— está por zanjar esta discusión. Todo indica que le darán la razón a Montenegro.En Casación, son tres los recursos que tienen que resolver sobre Adrián López: su excarcelación, su procesamiento y la validez de su indagatoria. Si confirmaran las actuaciones de López Biscayart, los camaristas le darían un innegable respaldo a la marcha de este caso justo cuando el Gobierno los puso en su mira.Según una regla procesal, además, la Sala IV intervendrá hasta el final de este expediente. Más incierto, en cambio, es el futuro de sus actuales integrantes; lo mismo que el de Alfredo Bisordi, camarista de la Sala I que hoy se encuentra de licencia por salud. Berraz, en la esquela que acompañó a su renuncia, sólo dijo que se jubilaba; Hornos y Capolupo no dieron ningún paso en este sentido, todavía.La Cámara de Casación está sospechada de favorecer la situación procesal de ex represores. En el caso Skanska, las sospechas están orientadas sobre la cúpula del Ministerio de Planificación y sobre el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Skanska ya reconoció que pagó sobornos, pero la empresa dice no saber a quién beneficiaron.
LO DIFICIL QUE ES CUIDAR A LA PRIMERA LINEA. LA POLITICA DEL TERO PEGO EL GRITO ALLA Y PONGO EL HUEVO AQUI. AJA. POR SUERTE CADA DIA SOMOS MENOS PELOTUDOS PARA ENTENDER SU CONDUCTA. Y ESO QUE SOLO LO ESTAN INVESTIGANDO POR LA GANCHERA Y EL MOSTRADOR.
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