PARA LELOS

VALIJAS, LA DOCTRINA YOMA SEGUN VERTBISKY EN PAGINA 12

Hace muchos años.

La doctrina Yoma
El grupo de tareas dispuesto para rescatar a Cavallo se integró de otra manera y Gil Lavedra jura ni siquiera haber sido informado, con un énfasis que no pone en desmentir la elaboración del libreto para la Cámara de Casación. El tráfico de sobres, tan emblemáticos como la servilleta, estaba a cargo de la Secretaría de Inteligencia, cuyo jefe durante casi toda la década menemista fue otro gran articulador judicial, Hugo Anzorreguy, hijo y hermano de jueces. Para operar sobre los magistrados la SIDE formó un núcleo de ex colegas que pudiera desplazarse por Tribunales sin llamar la atención. Entre ellos, Fernando Archimbal y José Alevato, cuyos servicios quedaron en evidencia cuando fueron empleados para impedir la extradición a España de Amira Yoma. Archimbal fue designado juez federal por el ex presidente Raúl Alfonsín y reciclado como operador de la SIDE por su sucesor, Carlos Menem.El mismo juez Garzón se proponía indagar a Amira Yoma por lavado de dinero proveniente de la comercialización de sustancias narcóticas prohibidas por las autoridades sanitarias. Este diario hasta describió la capa que Archimbal le trajo de regalo a su esposa de uno de sus viajes a Madrid por esta causa. Archimbal y Riva Aramayo procuran aplicar ahora el know how que desarrollaron entonces: la apertura de una causa en el país, que pueda oponerse a la española, y que garantice la impunidad, ya que el tratado de extradición entre ambas naciones especifica que no será concedida cuando el hecho sea juzgado en el país de origen del delincuente. La cuñada presidencial fue procesada aquí por los mismos delitos que le reprochaba Garzón, desprocesada por la sala de la Cámara Federal integrada ad hoc por Riva Aramayo y Horacio Vigliani y sobreseída definitivamente por el amistoso ex juez Nerio Bonifatti. Para ello fue ascendido a un tribunal oral el camarista Mario Gustavo Costa, quien ya había redactado el voto confirmatorio del procesamiento y en su lugar asumió Riva Aramayo. Pocos casos hicieron más que éste por aniquilar la confianza pública en la justicia. Desde entonces quedó claro que en la Argentina, ni una absolución implica que el acusado sea inocente, ni una condena debe tomarse como prueba de su culpabilidad. Una dificultad no menor es que en este caso se trata de la misma persona pero de diferentes crímenes y sería escandaloso que México diera prioridad a los de menor entidad, sólo en atención al origen nacional del reclamo.