LAS IDEAS DEL MINGO

LA COHERENCIA DE LA CONSTRUCCION POLITICA

En 2001, el jefe de Gabinete presentó un proyecto solicitando el traspaso de la Policía con los recursos. Ahora, un legislador porteño vuelve a presentar esa misma iniciativa.

El entonces legislador porteño Alberto Fernández por la lista Partido Acción por la República, liderado por Domingo Cavallo, presentó un proyecto de declaración en el año 2001 donde advertía sobre la necesidad de que se arbitren los mecanismos necesarios a fin de hacer efectiva una real autonomía de la Ciudad.Claro, eran tiempos en los que ocupaba un escaño en la Legislatura porteña adonde había llegado a través de la lista de Domingo Cavallo. Era oposición y se justificaba que por entonces no pensaba como podría pensar hoy, aunque difícilmente en el interior haya cambiado su manera de pensar tan radicalmente. Pero es parte del Gobierno y el Ejecutivo, como viene sucediendo administración tras administración, es remiso a otorgar la autonomía a las autoridades de la ciudad.Quien acaba de descubrir el detalle es el diputado del ARI Facundo Di Filippo, quien optó por representar esa misma iniciativa. El proyecto firmado por Alberto Fernández y Juliana Marino:(3470-2001) 18/07/2001La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresa su categórico rechazo al traspaso de la Justicia Nacional y la Policía Federal al ámbito porteño por parte del Estado Nacional sin su correlativa asignación presupuestaria.Del mismo modo, insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad a que arbitre los mecanismos necesarios para garantizar que el traspaso aludido se efectivice a la brevedad acompañado de las partidas pertinentes.Señor Presidente:El postergado traspaso por parte del Estado Nacional de la Justicia Nacional y la Policía Federal al ámbito porteño, parece haber cobrado en los últimos días una singular premura por parte de aquél y de los Estados Provinciales. Ello sólo se entiende cuando se advierte la velada intención de transferir los servicios sin los correspondientes recursos, significando en consecuencia un ahorro para la Nación -en desmedro de la Ciudad- de alrededor de $ 800.000.000 con la natural contrapartida que ello implicaría para ésta.Evidentemente no se trata de cumplir con mandatos constitucionales y legales, sino simplemente de obtener un rédito económico para la Nación -acordado sugestivamente con las provincias- perjudicando claramente a uno de los pocos presupuestos ordenados de la República.Debe tenerse muy presente como la cifra indicada influye en el presupuesto general de la Ciudad y correlativamente como ello afectará la calidad de vida de sus habitantes. De no incrementarse la presión impositiva en la jurisdicción que pruduce casi un tercio del P.B.I. nacional a efectos de satisfacer esos servicios esenciales, se deberían cercenar los gastos de otras áreas tan vitales como salud o educación, por ejemplo.Permitirlo sería, ni más ni menos, burlar el mandato que nos fuera conferido por nuestros representados pues serían ellos, justamente, los que de un modo u otro pagarían las consecuencias del desatino que se pretende cometer.

Fuente El Parlamentario.com