EL CENTROFOWARD DE KICHNER
La ofensiva contra la petrolera
Shell: el juez no aplicará penas de prisión
Dijo que no tiene atribución para imponer las sanciones que pide Guillermo Moreno para los ejecutivos
Jueves 30 de agosto de 2007 Publicado en la Edición impresa
El juez Marcelo Aguinsky aceptó ayer un pedido del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para asumir un papel más activo en la causa contra Shell, pero le adelantó que no accederá a la pretensión de máxima del Gobierno: anunció que no ordenará penas de prisión para ninguno de los directivos de la empresa. El juez sostuvo que el encierro "de seis meses a cuatro años" que prevé la ley de abastecimiento es "inaplicable" y que el único castigo privativo de la libertad que podría imponerse es el "arresto de hasta 90 días", también previsto por esa ley. No todo fueron malas noticias para el Gobierno, que ayer fue aceptado como querellante. Moreno había presentado su pedido anteayer y lo había sustentado en la ley 17.516, del gobierno del general Juan Carlos Onganía, y en el decreto reglamentario 411/80, de la última dictadura, que faculta a la secretaría a su cargo a "promover las acciones judiciales del caso". En un párrafo de su presentación, Moreno sostuvo: "La ley 17.516 establece la facultad estatal de participar en la investigación en sede penal de los asuntos que hubieran comprometido, precisamente, la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y el patrimonio o rentas fiscales como medio de asegurar el respeto por las instituciones, la autoridad pública y los bienes del Estado". En este expediente, Moreno acusa a Shell por faltantes de gasoil y pide a la Justicia la aplicación de las penas de arresto o de prisión que establece la ley. Esta semana, el juez sostuvo que no puede ordenarse la prisión solicitada basado en que la ley de abastecimiento dice expresamente que deberá ser aplicada por un "juez nacional en lo penal económico", pero el Código Procesal Penal no autoriza a estos magistrados a juzgar delitos con penas tan altas. El tope son tres años. Inconsistencia "Existe una inconsistencia normativa", advirtió el juez. Para él, hay "una pena de prisión que no tiene quien la aplique" y esto "sólo puede ser resuelto por el legislador en el futuro". La ley de abastecimiento, sancionada en 1974, enumera diferentes faltas económicas y le da al Poder Ejecutivo la facultad de aplicar sanciones, incluso el arresto. Advierte, en cambio, que "las penas de prisión y la de inhabilitación especial para ejercer el comercio o la función pública" debe imponerlas un juez en lo penal económico. En tribunales afirman que la Justicia jamás aplicó esa ley. De dudosa constitucionalidad, lleva más de 10 años derogada, con la única excepción de parte de un artículo: la que permite al Gobierno dictar normas regulatorias. Para Aguinsky, esto habilita a aplicar las sanciones porque no tendría sentido dejar a salvo una norma sin su consecuencia jurídica. Pero el juez afirmó que para imponer penas privativas de la libertad el preciso un juicio previo. Según Aguinsky, la ley "parecería autorizar al juez a ordenar la detención del presunto infractor" por el "simple pedido de la autoridad judicial", pero antes es preciso un juicio correccional. "El derecho penal, según nuestra Constitución, también debe esgrimirse para establecer límites al avance del poder estatal sobre los derechos de los ciudadanos", sostuvo el juez. Ahora, el caso pasará a la Cámara en lo Penal Económico, que deberá resolver si confirma lo dispuesto por Aguinsky. Tendrá que decidir además quién es el juez competente, algo que está bajo discusión. El caso sigue generando polémica política. Ayer, el ex piquetero y ex funcionario Luis D Elía dijo: "El encarcelamiento de los responsables de Shell significaría un paso más en la ejemplar política de derechos humanos del presidente Kirchner, empezando a dar cuenta de quienes fueron los socios económicos de la más cruel dictadura que vivió nuestro pueblo". Por Paz Rodríguez Niell De la Redacción de LA NACION El querellante
§ El secretario de Comercio Interior solicitó el arresto de las autoridades de Shell por un supuesto desabastecimiento.
§ Para impulsar la causa pidió ser querellante. El juez aceptó.
§ Basó el pedido en un decreto de la dictadura que le da facultades a su secretaría
Shell: el juez no aplicará penas de prisión
Dijo que no tiene atribución para imponer las sanciones que pide Guillermo Moreno para los ejecutivos
Jueves 30 de agosto de 2007 Publicado en la Edición impresa
El juez Marcelo Aguinsky aceptó ayer un pedido del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para asumir un papel más activo en la causa contra Shell, pero le adelantó que no accederá a la pretensión de máxima del Gobierno: anunció que no ordenará penas de prisión para ninguno de los directivos de la empresa. El juez sostuvo que el encierro "de seis meses a cuatro años" que prevé la ley de abastecimiento es "inaplicable" y que el único castigo privativo de la libertad que podría imponerse es el "arresto de hasta 90 días", también previsto por esa ley. No todo fueron malas noticias para el Gobierno, que ayer fue aceptado como querellante. Moreno había presentado su pedido anteayer y lo había sustentado en la ley 17.516, del gobierno del general Juan Carlos Onganía, y en el decreto reglamentario 411/80, de la última dictadura, que faculta a la secretaría a su cargo a "promover las acciones judiciales del caso". En un párrafo de su presentación, Moreno sostuvo: "La ley 17.516 establece la facultad estatal de participar en la investigación en sede penal de los asuntos que hubieran comprometido, precisamente, la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y el patrimonio o rentas fiscales como medio de asegurar el respeto por las instituciones, la autoridad pública y los bienes del Estado". En este expediente, Moreno acusa a Shell por faltantes de gasoil y pide a la Justicia la aplicación de las penas de arresto o de prisión que establece la ley. Esta semana, el juez sostuvo que no puede ordenarse la prisión solicitada basado en que la ley de abastecimiento dice expresamente que deberá ser aplicada por un "juez nacional en lo penal económico", pero el Código Procesal Penal no autoriza a estos magistrados a juzgar delitos con penas tan altas. El tope son tres años. Inconsistencia "Existe una inconsistencia normativa", advirtió el juez. Para él, hay "una pena de prisión que no tiene quien la aplique" y esto "sólo puede ser resuelto por el legislador en el futuro". La ley de abastecimiento, sancionada en 1974, enumera diferentes faltas económicas y le da al Poder Ejecutivo la facultad de aplicar sanciones, incluso el arresto. Advierte, en cambio, que "las penas de prisión y la de inhabilitación especial para ejercer el comercio o la función pública" debe imponerlas un juez en lo penal económico. En tribunales afirman que la Justicia jamás aplicó esa ley. De dudosa constitucionalidad, lleva más de 10 años derogada, con la única excepción de parte de un artículo: la que permite al Gobierno dictar normas regulatorias. Para Aguinsky, esto habilita a aplicar las sanciones porque no tendría sentido dejar a salvo una norma sin su consecuencia jurídica. Pero el juez afirmó que para imponer penas privativas de la libertad el preciso un juicio previo. Según Aguinsky, la ley "parecería autorizar al juez a ordenar la detención del presunto infractor" por el "simple pedido de la autoridad judicial", pero antes es preciso un juicio correccional. "El derecho penal, según nuestra Constitución, también debe esgrimirse para establecer límites al avance del poder estatal sobre los derechos de los ciudadanos", sostuvo el juez. Ahora, el caso pasará a la Cámara en lo Penal Económico, que deberá resolver si confirma lo dispuesto por Aguinsky. Tendrá que decidir además quién es el juez competente, algo que está bajo discusión. El caso sigue generando polémica política. Ayer, el ex piquetero y ex funcionario Luis D Elía dijo: "El encarcelamiento de los responsables de Shell significaría un paso más en la ejemplar política de derechos humanos del presidente Kirchner, empezando a dar cuenta de quienes fueron los socios económicos de la más cruel dictadura que vivió nuestro pueblo". Por Paz Rodríguez Niell De la Redacción de LA NACION El querellante
§ El secretario de Comercio Interior solicitó el arresto de las autoridades de Shell por un supuesto desabastecimiento.
§ Para impulsar la causa pidió ser querellante. El juez aceptó.
§ Basó el pedido en un decreto de la dictadura que le da facultades a su secretaría
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1 comentario:
Suponiendo que la condena moral de la Constitución Moral Argentina que escribió D'Elía y de la cual no tengo un ejemplar, vaya de la mano de una similar condena penal, pregunto desde la ignorancia: ¿los directivos actuales de Shell en Argentina son los mismos que los del '76?
Porque, por ejemplo, Franco sigue siendo el mismo que el del '76 y ahí lo tenés en la página de Presidencia en la sección de fotos sentado con K firmando acuerdos.
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