Oyarbide

En realidad Oyarbide no es del palo mas bien es de cualquier palo, y padeció cualquier tipo de tormentos y cometió cualquier tipo de errores. Desde su paso por la causa Amia, hasta su participación en los cabaret, las observaciones recibidas por la superioridad como juez, por los arrestos de abogados non sanctos, anunciada a los medios luego de haber resuelto lo contrario en la causa. En realidad parece de un carácter manejable. Coincide que justamente la sentencia que dicta es coincidente con mi pensamiento, pero en realidad, el debate, no es de un juez, sino es de si debemos o no tener el indulto o no. Para ello hay figuras constitucionales mejores para este debate. Por lo que me hace suponer, que es el mismo gobierno ante un frágil y debilitado juez Federal, que consigue resolver algo que, más allá de necesario, necesita un debate sobre la figura, ya que indultados hay muchas personas por el mismo decreto y cual es el procedimiento que se seguirá por todos. Basta pegar una recorrida en Internet con su nombre y apellido y clasificar su trayectoria por época para ver como actuó en cada gobierno y que le sucedió, en que causas actuó y en que situaciones se vio comprometido.
Es interesante la forma también en que trata este problema el matutino pagina12 a través de Susana Viau, que en 1998 (plena vigencia de jueces federales de la servilleta), ponía en tela de juicio la idoneidad de Oyarbide:

EL TAXI BOY AMIGO DE OYARBIDE LO ACUSO DE COBRAR FORTUNAS POR "PROTECCION"
Juez con elevadísima cotización
Norberto Oyarbide podría quedar aún más comprometido por amenazas y cohecho si la Justicia sigue la línea de la declaración de ayer de Luciano Garbellano. Según el taxi boy, Oyarbide protegió a Spartacus contra allanamientos, y también al Hard Rock Café.
Luciano Garbellano ayer incriminó a Oyarbide y entregó el video que los muestra juntos.
Elogió al comisario Roberto Rosa, alias "Clavel", porque, dijo, "me daba buenos consejos".
Casualidad: Garbellano hizo hincapié en que el único registro sufrido por Spartacus ocurrió luego de que él y Norberto Oyarbide se distanciaran.


Por Susana Viau
Una extensa declaración del taxi boy Luciano Garbellano Botega incriminó gravemente al juez federal Norberto Oyarbide. Garbellano relató ayer al juez de instrucción Fernando Rodríguez Lubary y al fiscal de Cámara Norberto Quantín que Oyarbide recibía de él entre 10 y 15 mil dólares mensuales a cambio de implícita protección. También dijo que el juez federal había percibido una cuantiosa suma, de alrededor de 250 mil dólares, por no allanar el Hard Rock Café, que se encontraba en una disputa por la posesión de la marca de la cadena internacional. La complicada situación que atraviesan los jueces federales de la Capital los habría llevado a solicitar una entrevista en la residencia de Olivos con el Presidente. Pero Carlos Menem se negó a la audiencia considerándola, por ahora, poco conveniente.
La declaración de ayer de Garbellano afianza la posibilidad de procesar a Oyarbide por amenazas y cohecho, al tiempo que el video que por fin llegó a manos de la Justicia lo involucra en actividades incompatibles con su investidura. Garbellano también hizo un prolijo racconto de su relación con el magistrado.
Es la primera vez que Garbellano admite su actividad al frente del prostíbulo Spartacus, aunque relató que no fue allí donde trabó relación con Oyarbide sino en otro llamado Gym Boys, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear. Por ese entonces, según Garbellano, Oyarbide era uno de tantos clientes. Pero luego el magistrado le hizo saber que quería conocerlo y comenzaron a salir a reuniones sociales y a comer. Fue cuando Garbellano fichó para Spartacus que la amistad entre ellos se profundizó. A ese local, recordó el taxi boy, Oyarbide solía concurrir toda vez que le era posible, sobre todo sábados, domingos y feriados.
Estas afirmaciones quedaron corroboradas por el video que Garbellano entregó a los magistrados y del que, por proteger en lo posible la vida privada del magistrado, sólo se proyectó un pequeño fragmento en el que se observa a Oyarbide en el segundo piso de un local que, por su decoración, no es otro que Spartacus. Las imágenes muestran a un joven vestido de romano que recoge al magistrado y lo conduce a otras dependencias del prostíbulo. Oyarbide había aceptado conocer Spartacus pero dijo que creía que se trataba de la vivienda de Garbellano. Esa secuencia descalificaría por completo la pueril explicación del juez federal.
Garbellano explicó a los magistrados que las filmaciones no tenían un objetivo extorsivo, sino que eran atribuibles a medidas de control y seguridad. Según Garbellano servían para verificar que no se consumieran ni se traficaran drogas dentro del local. El sistema, controlado desde la planta baja, era similar al que el juez tiene instalado en su despacho y fue eso lo que le dio la idea de utilizar ese método. Luego agregó que el video en el que aparece el juez federal fue filmado a su pedido, un planteo habitual entre los clientes. Garbellano se preocupó por puntualizar que los videos eran borrados al día siguiente de su filmación.
En coincidencia con los testimonios vertidos la semana pasada por el "secretario privado" de Garbellano, quien se halla bajo custodia de la Aeronáutica, el taxi boy confirmó los estrechos vínculos que unían a Oyarbide con Raúl Martins, Carlos Perciavalle y Antonio Sodano, que según denuncias radicadas en el juzgado se dedican a la prostitución y propietario de prostíbulos. Al punto que, de acuerdo a su declaración, Oyarbide había concurrido al casamiento del hijo de Martins.
El pintoresco taxi boy informó a Rodríguez Lubary que le entregaba al juez federal una suma mensual que oscilaba entre los 10 y 15 mil pesos. Un funcionario judicial dijo a este diario que si bien Garbellano no se había explicitado con claridad, con esa contribución había logrado que nunca lo molestaran con ninguna inspección a Spartacus. Al contrario: hizo hincapié en que el único registro sufrido por el local ocurrió luego de que él y Norberto Oyarbide se distanciaran.
Del mismo modo aseguró saber que el magistrado había recibido 250 mil dólares para suspender un allanamiento al Hard Rock Café, envuelto en un litigio por la titularidad de la marca de la cadena internacional de confiterías.
El joven aspirante a artista hizo un recuento de los contactos del juez con empresarios de la prostitución y de los beneficios que solía obtener de esas amistades. Entre ellos recordó que en una oportunidad, mientras comía en un restaurante en una mesa no lejana a la de Oyarbide, observó cómo Martins guardaba un fajo de billetes en el portafolios del juez. Garbellano hizo notar que Oyarbide mantiene con él una deuda cercana a los 180 mil dólares en concepto de servicios no pagados. El magistrado, reseñó Garbellano, le enviaba conocidos a los que quería agasajar y le ordenaba que no cobrara ya que él se haría cargo de los honorarios, cosa que nunca se produjo.
Respecto del comisario Roberto Rosa (alias "Clavel" en los campos clandestinos de detención, y ex jefe de Seguridad de las Personas de la Policía Federal), Garbellano manifestó que solía concurrir a la casa del jefe policial y por consejo de Oyarbide le contaba de los nuevos prostíbulos clandestinos que comenzaban a funcionar. Así, Spartacus eliminaba toda competencia. Preguntado sobre el intenso tráfico telefónico mantenido con Rosa, Garbellano lo justificó sosteniendo que el comisario le "daba buenos consejos" y le sugería que tenía que ser actor, una frase que le repitió el mismo día en que el taxi boy fue baleado en las afueras de Zárate. De acuerdo a su declaración habría sido Rosa quien le recomendó que recurriera al abogado Hernández Agramonte, el mismo que designaría más tarde Rosa para su propia defensa. Hernández Agramonte es socio de un ex juez, Héctor Calandra, el hombre que hizo entrar a Oyarbide al poder judicial.
Garbellano abundó en detalles acerca de los gustos caros del juez federal, su fantástica pasión por las joyas y los trajes de Hugo Boss y Kenzo que costaban entre 1500 y 4000 pesos. El emprendedor taxi boy demostró un perfecto conocimiento de las costumbres de su ex amigo: "Siempre comía lomo con morrones y mucho ajo. Y un juez federal con olor a ajo es mucho", se escandalizó el declarante.


La misma periodista pone esta nota en el día de la fecha en el mismo diario sobre el juez que dictara la inconstitucionalidad del indulto. Debemos destacar que solo hace mención por una cuestión de honor, que solo referencia a que el hijo de uno de los afectados por la medida dice: Su hijo, abogado de la citi y llamado como él, José Alfredo Martínez de Hoz, ha prometido que “el proceso a mi padre será para la justicia argentina lo que el caso Dreyfus a la justicia francesa”. Habrá que verlo.

Un nombre y sus dos apellidos

La Justicia, cerca del ideólogo de la dictadura

Albano Harguindeguy, compañero de correrías y cacerías.
Por Susana Viau
Su nombre y sus dos apellidos, por variadas y no siempre buenas razones, se emparentan con la historia argentina desde 1788, cuando el primer José Martínez de Hoz, un rico comerciante acusado de tráfico de esclavos, asistió en calidad de “vecino importante” al cabildo abierto del 22 de mayo de 1810. Aquel José Martínez de Hoz no tuvo hijos, pero como al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos, convirtió en heredero al vástago de su hermana, Narciso Alonso Martínez. Narciso multiplicó los panes y los peces, adquirió grandes extensiones de campos y devino accionista del Banco Nacional. Su primogénito, que retomaría para la posteridad el nombre de José Martínez de Hoz, presidió el Banco Provincia y, casi más importante, fundó el Club del Progreso, el Jockey Club y la Sociedad Rural. Se delineaba un rumbo: campos y bancos. Sin embargo, fue el penúltimo de la descendencia, “Josecito” para los íntimos, el que logró lo que ninguno de los suyos había conseguido antes: que el apellido Martínez de Hoz perforara el minúsculo universo de las elites locales y se hiciera popular asociado a “la tablita”, a los negocios sucios a costa del Estado y a la reforma financiera. En fin, a una catástrofe colectiva.
“Josecito” reunía todas las condiciones para hacerse acreedor a un futuro promisorio. Creció rodeado de bon vivants y de mujeres interesadas en embellecer la vida del prójimo: su abuela, la uruguaya Julia Helena Acevedo Larrazábal, orientó su exquisita sensibilidad a la botánica y escribió “Itinerario de mis flores”, un volumen dedicado a explicar el riego de las hortensias y las ventajas del suministro de caldo bordelés a ciertas especies. El abuelo Miguel Alfredo del Corazón de Jesús, mientras tanto, se interesaba por los pura sangre y seguía con atención la construcción del castillo que, camino a Mar del Plata, sería el orgullo de la familia. “Josecito” no se durmió en los laureles de la fortuna paterna: estudió derecho, se graduó con las máximas calificaciones, estudió inglés en Cambridge y asistió a encuentros jurídicos vinculados a problemas agrarios en Florencia. En realidad, el derecho no era para él, sino la puerta de entrada a la verdadera vocación: la economía. La patria lo reclamó pronto: ministro de Economía de Salta, secretario de Agricultura y Ganadería de José María Guido, luego ministro de Economía del mismo presidente y hasta titular de la Junta Nacional de Granos.
No obstante, esos pasajes por áreas del estado nacional y provincial no eran sino el ensayo, los aprontes para la gran performance. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 lo convocó al sacrificio. La cabeza de la Revolución Argentina lo conminaba a dejar la seguridad de la actividad privada para aventurarse al mal pago de la cosa pública. “Josecito” se encomendó al cielo y aceptó. El día anterior a su jura como ministro de Economía renunció al directorio de la Italo, la compañía de electricidad que alumbraba a los hogares de la Nación. Pero “Josecito” tenía una virtud, la fidelidad, y la nueva tarea no le haría echar en el olvido sus conchabos anteriores. Por eso, un mes después de asumir el cargo, el 27 de abril de 1976, creó la comisión que debía aconsejarle qué hacer con la eléctrica y el 30 de abril firmó la designación de dos representantes del Estado en la empresa. El, paladín de gestión privada, hizo de tripas corazón y llevó adelante la compra de la empresa por parte del Estado. Sus enemigos dirían más tarde que le había hecho perder al país 350 millones de dólares. A la operación de salvataje la llamaron “negociado”, una palabra que olía a carne y a conservadores. Un rumor similar corrió en torno a la revisión de la ley 11.287, sancionada durante el gobierno de Alvear. La “máquina de impedir” sostenía que se trataba de una derogación “a medida”, que llevaba dedicatoria y se refería a una familia, los Martínez de Hoz y sus propiedades Comalal y Malal-Hue. Se equivocaban. La medida respondía a una íntima convicción: que el impuesto al “enriquecimiento patrimonial a título gratuito” y destinado al “tesoro escolar” atentaba contra la unidad de la familia, espina dorsal del cuerpo social. Eso dijo el ministro.
“Josecito” empezaba a ser, para sus compatriotas, “Joe”. Bajo cualquiera de las dos denominaciones sus ideas no admitían las medias tintas. Josecito-Joe era un hombre de palabra. Por eso le molestó tanto lo que entendió como una grave falta de Federico Gutheim y su hijo Miguel, propietarios de la empresa Sadeco. Los Gutheim, por un imprevisto y extraño impedimento administrativo, no habían podido concretar la exportación el cupos de algodón pactado con una sociedad de Hong Kong. El general Albano Harguindeguy , amigo de Josecito-Joe en las buenas y en las malas (compartían entre otras muchas cosas el entusiasmo por la caza mayor), ministro del Interior, ordenó el arresto de los Gutheim, que quedaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por “incumplir un contrato comercial”. Agustín Jaime Pazos, subsecretario de Comercio Exterior de “Josecito”, contó después en sede judicial que el arresto de los industriales textiles se había gestado en el ministerio de Economía. El ex comisario Jorge Colotto dio para ello una explicación verosímil: relató que los Gutheim habían sido presionados para compartir su cupo con la firma multinacional Dreyfus y se habían negado. Juan Alemann, secretario de Hacienda de la dictadura, puso en blanco sobre negro el rol de instrumento descartable que el gran capital había adjudicado a los militares golpistas y le cargó la romana a Harguindeguy: “Eran los métodos del gobierno porque había un accionar del terrorismo”, argumentó, para agregar que “el incumplimiento de ese contrato perjudicó la imagen de Argentina en el exterior”.
El advenimiento de la democracia agregó a los títulos y honores de Josecito-Joe cuatro procesamientos: junto a Videla por presuntas irregularidades en la compra de Austral Líneas Aéreas; solito con su alma en una causa por infracción al artículo 265 del Código Penal (Italo) y en otra por administración fraudulenta (deuda externa); el cuarto, “por instigación a la privación ilegítima de la libertad” (caso Gutheim) lo compartió con sus camaradas Harguindeguy y Videla. A Josecito-Joe nadie podría sacarle de la cabeza la sospecha de que, si bien su perseguidor era el juez federal Martín Irurzún, los hilos de su desgracia los movía el jurista y funcionario radical Enrique Paixao. Gracias a él, suele mascullar, iba a pasar 77 interminables días en la Unidad Penitenciaria 22, muy lejos del cuarto piso “G” del Cavanagh, el edificio art déco de la Plaza Francia, y mucho más distante del castillo escocés, cercano a Mar del Plata, que vendió en 2004 al banquero Andrés Garfunkel. “Josecito” entiende que la historia no ha sido justa ni con él ni con los suyos porque la del 76 no fue una dictadura “no había un general que buscaba perpetuarse y hacía lo que quería. El poder estaba dividido en tres partes iguales entre las tres fuerzas armadas”. Curiosa reflexión la de Josecito, que tampoco se sintió cómodo con el indulto en el que lo incluyeron a último momento. El quería el sobreseimiento. Parece improbable, pero ahora puede aprovechar para demostrar su inocencia. Su hijo, abogado de la citi y llamado como él, José Alfredo Martínez de Hoz, ha prometido que “el proceso a mi padre será para la justicia argentina lo que el caso Dreyfus a la justicia francesa”. Habrá que verlo.

Se puede estar de acuerdo con que Martínez de Hoz sea judiciable, pero en el caso del vínculo creo que debemos llegar a conclusiones mas criticas sobre la oportunidad del mismo. No es casual que este juez y a propósito de esta oportunidad haya dictado esta sentencia. Nada fue librado al azar.