La inflación que no esta

Aumentan los pasajes aéreos y de colectivos de larga distancia
(Fuente Clarín del día de la fecha)


Se establecieron valores máximos. Las empresas dicen que no serán automáticos.




A partir de hoy las empresas de colectivos de larga distancia están autorizadas a aumentar sus tarifas entre un 5 y un 15 por ciento. Y a partir del sábado, serán las tarifas de pasajes aéreos de cabotaje los que podrán aumentar hasta un 10%. Permiten estos aumentos dos resoluciones oficiales.

La Resolución 608 de la Secretaría de Transporte, con fecha l 1º de agosto pasado, consideró que "las empresas del sector deben afrontar un significativo y creciente aumento de los costos salariales" los que ha "impactado sobre la ecuación económica de las empresas de larga distancia, habiéndose mantenido inalteradas por algo más de tres años las bandas tarifarías". Entonces, "para compensar los efectos de la crisis", las autoridades autorizaron dos aumentos.

El primero se hizo efectivo el 8 de agosto, un día después de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial. Le dió a las empresas la posibilidad de aumentar los pasajes hasta un 10% en todos los servicios.

También decretaba que, a partir de los 30 días de la publicación —plazo que se cumple hoy—, habrá una nueva tarifa de referencia. En este caso no hay aumento autorizado para el servicio común, pero sí del 5 por ciento para el servicio común con aire, del 10% para el semi cama y cama ejecutivo, y del 15% para el servicio cama suite. O sea que en este último servicio el aumento autorizado total es del 25%.

Fuentes del sector dijeron a Clarín que no piensan aplicar los aumentos permitidos de manera inmediata. "Estamos en temporada baja, con pocos pasajeros. Creemos que serán paulatinos los aumentos: se concretarán cuando llegue el verano".

En el caso de los aviones, se conocía ya el reclamo que le había hecho José Luis Rodríguez Zapatero al presidente Néstor Kirchner por las tarifas aéreas. En el decreto que autoriza los aumentos, el Poder Ejecutivo consideró la "incidencia de los costos ligados estrictamente a insumos y servicios importados, remarcándose asimismo el caso del combustible aeronáutico".

A partir del 9 de agosto se autorizó una suba del 10 por ciento en los pasajes aéreos y de un porcentaje igual a los 30 días, lo que se cumplirá el sábado. En el caso del transporte aéreo el aumento que podría llegar acumular el servicio es de un 20 por ciento en 30 días.

Fuentes de la compañía LAN Argentina dijeron que "el decreto nos permite poder aplicar un aumento, pero no significa que necesariamente el sábado ni para todos los destinos; creemos que una cantidad mínima de vuelos puede subir ese porcentaje; dependerá del mercado".




Para recordar (Fuente Argenpress de la Fecha)

Los subsidios anuales durante el año pasado (2004) se distribuyeron de la siguiente manera:

• Metrovías (Subtes y línea Urquiza): $ 51 millones.
• TBA (líneas Mitre y Sarmiento): $ 48 millones.
• Ferrovías (Belgrano Norte): $ 39 millones.
• TMB (Belgrano Sur): $ 35 millones.
• TMS (ferrocarril San Martín): $ 17 millones.
• Además de los 35 millones ya mencionados de la ex línea Roca.

Todo esto se produce en un contexto permanente de queja de los usuarios sobre las prestaciones del servicio y el riesgo de viajar en tren.

Antes de continuar con los subsidios, detengámonos para ver el informe del Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino, en donde denuncia y desnuda el estado calamitoso en que se encuentran las empresas ferroviarias metropolitanas concesionadas.

La acción del Defensor del Pueblo de la Nación apunta a que 'se brinde a los usuarios un servicio digno y eficiente y se garantice el normal desenvolvimiento y desplazamiento de las personas discapacitadas'. - El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, demandó, el jueves 28 de julio del corriente año a las empresas concesionarias del servicio ferroviario 'por los graves incumplimientos que violan los derechos humanos de los usuarios del servicio público'.

La acción judicial apunta a que 'se brinde a los usuarios un servicio digno y eficiente y se garantice el normal desenvolvimiento y desplazamiento de las personas discapacitadas'.

Eduardo Mondino presentó la demanda ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo contra las empresas Ferrovías, Trenes de Buenos Aires, Transportes Metropolitanos y la Unidad de Gestión Operativa (UGOFE), organismo que administra el ramal de Retiro a Pilar del F.C. San Martín restituido al Estado. Toda una falacia, porque el Ugo, en un principio estaba conformado por Metrovías, Ferrovías T.B.A. se le agrega luego el F.C. Belgrano residual, en razón de que los trabajadores pasaron a la planta permanente de esa empresa, abonando sus salarios, hasta tanto se defina su destino final. Todo lo recaudado por explotación del ramal va a la caja de las otras empresas concesionarias. Por eso su cambio de nombre UGOFE. La tan anunciada reestatización solo fue un largo poemario electoral. Sigamos…

Mediante la fórmula de la 'acción de amparo', Eduardo Mondino pidió que se condene a las concesionarias 'por las flagrantes y reiteradas violaciones a los derechos humanos que padecen los usuarios de este servicio público'.

La Secretaría de Transportes, como órgano con jurisdicción sobre la actividad ferroviaria, también fue demandada para que 'ejecute los controles y acciones necesarias para que las empresas cumplan debidamente con las obligaciones que surgen del contrato de concesión'.

'Millones de usuarios que utilizan el servicio no cuentan con una prestación eficiente, segura, confiable y de mínima calidad', argumentó Mondino, tras reclamar que 'se adopten las medidas indispensables para que el servicio sea prestado de una manera acorde a las obligaciones asumidas y al mandato constitucional', sintetiza la presentación.

Como prueba documental, Mondino acompañó fotografías y filmaciones obtenidas por la propia Defensoría, además de videos de programas televisivos que analizaron la cuestión.

Síntesis de la presentación judicial: Mondino demando judicialmente a las empresas de trenes por violación a los derechos humanos

El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, promovió acción judicial contra las empresas concesionarias del servicio ferroviario de transporte de pasajeros del área metropolitana: FERROVIAS S.A.C; TRENES DE BUENOS AIRES (TBA) ; TRANSPORTES METROPOLITANOS S.A. - Gral. Roca - ; UNIDAD DE GESTION OPERATIVA S.A. (UGOFE S.A. - Línea San Martín), por los reiterados y sistemáticos incumplimientos que generan situaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos que padecen los millones de usuarios de este servicio público, que tienen que utilizar diariamente un transporte prestado en pésimas condiciones, incluso en algunos casos con grave riesgo para la vida de las personas.

Cabe destacar, que la Defensoría Nacional desde el año 2002 viene realizando un seguimiento permanente de este servicio público, que realizó reiteradas Recomendaciones con el objetivo de producir mejoras en el transporte, y que de los relevamientos efectuados (año 2002, 2003, 2004 y 2005) se pudo constatar un deterioro progresivo, sostenido y continuo tanto de las instalaciones como del servicio en sí.

En el presente año (2005) se llevaron a cabo tres verificaciones (mayo, junio y julio) en las estaciones ferroviarias de los ramales: Retiro - Pilar (UGOFE S.A., Línea San Martín); Constitución - La Plata y Constitución - Ezeiza (METROPOLITANO S.A., Gral. Roca); Once – Moreno (Sarmiento) y Retiro - José León Suárez (Mitre) de la empresa TBA S.A. ; Retiro - Villa Rosa (FERROVIAS S.A., Ferrocarril Belgrano Norte) quedando en evidencia el deficiente servicio que se presta y las múltiples falencias que presenta . De estos relevamientos se acompañan pruebas a la Justicia de material fotográfico y fílmico obtenido por la propia Defensoría como también videos de programas televisivos que se ocuparon del tema.

Que se brinde a los usuarios un servicio digno y eficiente en lo que se refiere a las condiciones mínimas de seguridad e higiene, particularmente en lo que hace al estado general de las estaciones (presencia de guardias y jefes de estaciones, baños públicos habilitados y limpios, iluminación adecuada de accesos y andenes), seguridad, vigilancia, información sobre estado del servicio (horarios de arribo y salida de las formaciones), tendido de vías, estado de los vagones (puertas y ventanillas en buen estado), de manera tal que las prestaciones conformen las exigencias constitucionales que establecen que los usuarios y consumidores tienen derecho a condiciones de trato equitativo y digno y que las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

Que se garantice el normal desenvolvimiento y desplazamiento de las personas discapacitadas en los accesos a los andenes de las estaciones y a las formaciones (y dentro de los vagones), dando cumplimiento al mandato contenido en la Constitución Nacional y a lo normado en la Ley de Discapacitados (N° 24.314). (El Ombudsman Nacional demanda a las empresas por incumplimiento de la Ley de Discapacitados).

Por otra parte, la acción de amparo promovida por Mondino codemanda al Estado Nacional (Secretaría de Transporte como órgano contralor) que ejecute los controles y acciones necesarias para que las empresas mencionadas cumplan debidamente con las obligaciones que surgen del contrato de concesión; como así también a que una vez que se haga lugar a este amparo extreme los controles necesarios para garantizar el efectivo acatamiento de la sentencia que se dicte.

La Justicia quiere investigar al señor de los subsidios Ricardo Jaime por entrega de subsidios a los concesionarios

La Cámara Federal ordenó la reapertura de una causa contra el secretario de Transporte y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Julio Tito Montaña, por la entrega de subsidios millonarios.

La Cámara Federal ordenó reabrir una causa penal contra el actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Julio Tito Montaña. Es por el pago de subsidios millonarios a empresas concesionarias de ferrocarriles a pesar de que seguían sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y confort exigidas por contrato. La investigación, impulsada por la Oficina Anticorrupción (OA), había sido archivada por decisión del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Rodolfo Canicoba Corral. Ahora cambiará de juzgado.

En su fallo, los camaristas de la Sala II declararon la nulidad de la resolución por la cual el expediente había sido enviado al archivo. El tribunal explicó en dos carillas que cuando un fiscal no impulsa una causa –algo poco frecuente, pero que ocurrió en este caso– es obligatorio por ley dar intervención a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, un paso que se omitió. También advirtió que Canicoba Corral “adelantó opinión” al cerrar el caso dando como un hecho la inexistencia de delito sin antes haber ordenado pruebas clave. Por eso dispuso apartarlo y sortear un nuevo magistrado.

La primera denuncia sobre el tema la hizo el ex coordinador de Transporte Ferroviario Pedro Cóndori. Fue a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, cuando elaboró un informe alarmante sobre los trenes: puertas, pisos, vidrios y asientos destruidos en la línea Sarmiento, limpieza nula en el mismo ramal, fallas en el sistema de ventilación de la línea Mitre, falta de iluminación y disminución de los servicios en el tren San Martín, en la línea Roca se detectaron coches que circulaban casi a oscuras y con ventanillas de madera, contra las normas de seguridad. A pesar de que las concesionarias no hacían nada por revertir el pésimo estado de los ferrocarriles seguían cobrando los subsidios públicos. En junio del 2003, el Gobierno entregó algo más de 13 millones de pesos.

En un principio, Montaña recomendó por escrito suspender el pago de la ayuda estatal, pero según denunció la OA el subsecretario enseguida reformuló y suavizó su planteo: lo sustituyó por una intimación para mejorar los defectos del servicio. Jaime –cordobés, pero santacruceño por adopción– aprobó la ejecución del pago y Cóndori fue despedido. Este ex funcionario atribuyó su desplazamiento a que se negó a un pedido de sus superiores de modificar el informe lapidario que había confeccionado.

En el expediente penal se juntaron dos presentaciones: una del abogado Juan Carlos Iglesias, que apuntaba al empresario Sergio Taselli, como accionista de Transportes Integrados Metropolitanos, y otra posterior de la OA, el organismo que actualmente conduce Abel Fleitas Ortiz de Rozas. El organismo anticorrupción, que es querellante, pidió que se investigue a los funcionarios por violación de documentos, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación. Son delitos excarcelables. Pero lo que complica, sobre todo a Jaime, es la sumatoria de causas: arrastra otras por sobreprecios, contrataciones directas y pagos dudosos.

En mayo Pollicita y Canicoba Corral coincidieron en mandar las actuaciones al archivo. La OA apeló y acaba de ganar la pulseada con el fallo de los jueces Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun.

Cuando se presentó ante la Cámara Federal, la OA sostuvo que la actitud del fiscal y el juez implicaba “avalar el incumplimiento de cláusulas contractuales asumidas voluntariamente por las partes, beneficiar económicamente de manera ilegal a quienes violan aquellas normas contractuales y tolerar que los funcionarios públicos en pos de garantizar la artificial ‘operatividad del sistema’ incurran en conductas delictuales graves”.

El texto de la apelación también decía sin rodeos que “el Sr. secretario y el Sr. subsecretario son responsables de que subsidios improcedentes hayan sido deliberadamente abonados a sabiendas de su ilegalidad”. “Lo que se estaría autorizando es que las concesionarias de transporte ferroviario pasen directamente a beneficio empresarial los fondos que deben destinarse a la prestación del servicio”, advertía.

A pesar de las distintas apelaciones generados por los organismos de control el gobierno sigue repartiendo subsidios con una generosidad sin limites. Ni siquiera, a esta altura del partido, mencionar el padecimiento de la población en general y del desamparo de los niños en particular. Es toda una grosería, pero de clase.

Como lo es la adjudicación del F.C. Belgrano Cargas, al señor de los negocios don Francisco Macri: toda una burla a la inteligencia del pueblo argentino. En lugar de reestatizar el F.C. Belgrano Cargas, este va a sufrir una fuerte macrinización. Veamos.

Pide de movida, condición que el Estado desembolse 250 millones de dólares. El grupo Macri quiere quedarse con el control del ferrocarril Belgrano Cargas con un esquema que dejaría el grueso de las inversiones iniciales a cargo Estado. Ya volveremos sobre este proceso de macrinización del ferrocarril.

A los recursos reclamados al Estado se agregaría otro programa de inversiones a cargo del nuevo concesionario que, como mínimo, sería equivalente al 8% de la facturación anual de la ferroviaria. Para llegar a los $ 600 millones que se comprometió a invertir Macri en los 25 años que restan de la concesión, los desembolsos anuales en obras del concesionario no deberían bajar de $24 millones, casi el mismo monto que hoy factura la empresa cada 12 meses.

Las inversiones estatales que pasaría a administrar el nuevo concesionario son las que figuran en el contrato de concesión de 1999. En ese momento, la administración menemista le transfirió el ferrocarril a la UF con el compromiso de aportar US$ 250 millones para obras e inversiones en los primeros cinco años de gestión La 'Carta Compromiso' que firmaron la UF —la actual dueña del 99% de las acciones del Belgrano Cargas— y Macri establece un plazo de un año para cerrar la venta del 73% de la empresa ferroviaria. El 15% quedaría para el gremio, mientras que el 12% restante volvería al Estado Nacional. Pobre destino para las empresas Argentinas.

Continuando en su coherencia con el desprecio al pueblo argentino, el gobierno les acaba de otorgar otro nuevo subsidio a los concesionarios de los ramales de los ferrocarriles suburbanos. Veamos esta perversa repartija:

Gracias a las facultades delegadas por el Congreso al jefe de Gabinete, ha tomado una medida a sola firma, a través de la decisión administrativa 561, lejos de cualquier discusión parlamentaria (la nada), volvió a aumentar en 99 millones de pesos los subsidios a trenes.

El caso de los subsidios a los ferrocarriles es significativo, y de cómo funcionan las “facultades extraordinarias”, que permiten modificar sin ataduras el Presupuesto 2005 votado en el Congreso. Por esa ley, este año, sólo había 60 millones de pesos destinados a subsidios a los ferrocarriles, pero ya se llevan gastados 245 millones, cuatro veces más.

La decisión administrativa publicada ayer en el Boletín Oficial incrementa en 99,2 millones los subsidios a trenes y subtes, distribuyendo ese dinero entre las siguientes empresas:

- Ferrovías (34,4 millones),
- Trenes de Buenos Aires SA (21,9 millones),
- Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA (20,4 millones),
- Transportes Metropolitanos General Roca SA (11,5 millones) y Metrovías (11 millones).

En los fundamentos de la medida se dice que responde a “la necesidad de dar respuesta a los numerosos reclamos de las empresas concesionarias por regularizar la situación de atrasos en los pagos de subsidios y aportes del Estado nacional, afectando el cumplimiento de los planes de inversión en obras oportunamente acordados por la explotación del servicio”.

Y se agrega que “a partir de la ley 25.561 de Emergencia Pública se suspendió cualquier incremento tarifario en los contratos de concesión hasta tanto concluya el proceso de renegociación contractual, con el objeto de preservar la economía de los usuarios”.

“El nuevo subsidio a los trenes tiene todos los ingredientes de las llamadas “facultades delegadas”. El dinero para financiarlo saldrá de la partida “Obligaciones a cargo del Tesoro” –gastos que figuran en el Presupuesto sin ningún destino específico–, una reasignación vedada por dos leyes (24.156, de Administración Financiera, y 11.672, Complementaria Permanente del Presupuesto), pero que hoy es legal gracias a las “facultades especiales” votadas dentro de la ley de Presupuesto 2005” .(Fuente: Pag/12 14/9/005)

El 27 de julio último, Alberto Fernández ya había recurrido a sus “superpoderes” para otorgar otro subsidio extraordinario de 85 millones de pesos a los concesionarios ferroviarios. Entonces, la Decisión Administrativa (DA) 415 sostenía que “los concesionarios han manifestado la imposibilidad de continuar la prestación del servicio en los estándares actualmente vigentes y la Secretaría de Transporte ha convalidado este reclamo, teniendo en cuenta el incremento en los costos de rubros sensibles a la operación de los servicios, tales como sueldos y energía”. En esa oportunidad, los fondos salieron en parte de presupuesto de Enarsa, la flamante empresa estatal de energía.

Facultades extraordinarias mediante, Fernández modificó el reparto de subsidios a trenes que figuraba en el Presupuesto 2005 de la siguiente manera:

- Por ley se autorizaban 60,2 millones de subsidios al total de concesionarios, pero ya se llevan gastados 244,7 millones.
- Metrovías debía recibir 12,4 millones, pero hasta la fecha embolsó 38,7 millones.
- A TBA le correspondían 18 millones, pero recibió 70,9 millones.
- Ferrovías figuraba con 30 millones, se le dieron 77,8 millones.
- Para Trenes Metropolitanos Roca no estaba prevista ayuda alguna. Pero obtuvo 19,4 millones.
- Transporte Metropolitano Belgrano Sur: no estaban presupuestados subsidios, pero recibió 37,9 millones.

“El colmo de los superpoderes fue la DA 482, que entre otras reasignaciones de partidas destinó 18 millones de pesos a Femesa, una empresa estatal inexistente, lo que motivó un pedido de informes en Diputados, hasta hoy sin respuesta. En contraposición, la norma podó en 16,5 millones el programa “Más escuelas, mejor Educación” y 11 millones del “Programa de emergencia por inundaciones” Fuente (Pag/12- 14/09/2005).

“Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.Art. 40 de la Constitución de 1949.

Este gobierno y su asociación con Macri nada tiene que ver con el artículo 40 de la Constitución derogada por la dictadura que derrocó hace 50 años al gobierno peronista, todo un símbolo… ha pasado medio siglo, hoy y ayer y mañana se hablará del golpe de estado, muchos, la mayoría hablarán del mismo como parte de una necesidad necesaria, valga la redundancia…

Hay que decirlo con todas las letras, este golpe de estado contra el peronismo fue la llave esencial para que hoy los macris y todas las concesionarias de ferrocarriles, teléfonos, agua, gas, electricidad, petróleo, nuestros minerales, el agua y tanto más pasaran a su explotación, con la aquiescencia de estos gobiernos que muestran la iconografía y a la hora de ejecutar se rinden al capital privado.