"Que investiguen a todos”
Salvador Talavera dice que por tráfico de tierras se debe investigar hasta al Presidente de la República
Procurador Hernán Estrada revela que hasta los bancos se han beneficiado con el problema
EL PROCURADOR HERNAN ESTRADA MUESTRA EL EXPEDIENTEDE UN LITIGIO DE PROPIEDAD SUPUESTAMENTE FALSIFICADO.
Eduardo Cruz Sánches y Luis Eduardo Martinez
El diputado de la bancada Por la Unidad, Salvador Talavera, sugirió a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía, que por el problema de tráfico de tierras en el país se debe investigar desde el Presidente de la República hasta al último ciudadano que sea mencionado.
“Aquí no dejemos títeres sin cabeza desde el Presidente de la República hasta el último ciudadano sea investigado de quienes salgan señalados. Los que estamos limpios vamos a salir limpios”, expresó Talavera.
En tanto el Procurador General de la República, Hernán Estrada, reveló que el problema del tráfico de tierras es tan grave que hasta la banca privada se ha beneficiado.
“Nadie está libre, hasta la banca se ha beneficiado. Con los títulos de Reforma Agraria se pusieron en prenda por deudas ante los bancos y hacían una especie de lavado por las propiedades, cuando ya quedaban lavadas por una hipoteca o por un embargo que les hiciera un banco, quedaban como ‘santificadas’ y después las vendían”, explicó el procurador Estrada.
“Debe verse como un problema de Estado”, reiteró el procurador Estrada.
Estrada agregó que hasta los propios beneficiados con la Reforma Agraria, los ex desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense de la cual fue líder el diputado Talavera, cometieron anomalías con las tierras que les entregó el Estado.
Al ser consultado si las tierras podían ser vendidas, Estrada indicó: “No se podían vender, el tráfico ha sido en todos los sectores, (hubo) actos irregulares de la Resistencia. Las vendían y después las reclamaban”, especificó Estrada.
Un ejemplo de esa situación fue el caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, quien admitió que había comprado junto a un grupo de empresarios unas tierras que el Gobierno de Violeta de Chamorro le entregó al “comandante Mack” de la ex Resistencia, José Benito Bravo, en la playa de Quisalá, San Rafael del Sur.
El diputado Talavera calificó la playa de Quisalá como “una de las más exquisitas del país, un lugar bello”, y agregó que el magistrado Solís, como conocedor de las leyes, aunque no era magistrado cuando las compró, no debió realizar dicha transacción.
“Él (Solís) no puede aducir inocencia, las personas en Nicaragua saben que no pueden comprar esas tierras, y el Estado debe recuperarlas. Él es responsable directo”, manifestó Talavera.
El magistrado Solís dijo en una carta enviada a LA PRENSA que él accedió a comprar la propiedad en Quisalá después de comprobar que todo estaba conforme a las leyes, pero luego resultó que no podía poseer la propiedad porque la Alcaldía de San Rafael del Sur reclama dichas tierras como ejidales y por lo tanto él sería un estafado por la mafia de robatierras que existe en el país.
Sobre el señalamiento de Talavera, Solís explicó que la prohibición de que los beneficiados con tierras del Estado no podían venderlas estaba estipulada en la Ley 85, Ley de Transmisión de la Propiedad de Viviendas y otros Inmuebles pertenecientes al Estado y sus instituciones; en la Ley 86, Ley Especial de Legalización de Lotes y Terrenos, y en la Ley 88, Ley de Protección a la Propiedad Agraria.
Pero cuando él compró tierras en Quisalá, en el año 1994, lo hizo conforme a la ley, y la prohibición de no vender tierras de la Reforma Agraria ya no estaba contemplada en las leyes vigentes en ese momento, la Ley 209, Reglamento de la Ley de Estabilidad de la Propiedad y la Ley 278, Ley sobre la Propiedad Reformada Urbana y Agraria.
Después de ser señalado por la ex notario uno del Estado, Morena Avilés Serrano, de que supuestamente está detrás de traficantes de tierra, Solís anunció que está dispuesto a despojarse de su inmunidad como magistrado, para que las autoridades competentes lo investiguen sin límites sobre los señalamientos hechos por Avilés Serrano.
Al ser consultado sobre si procedería a investigar a Solís, el procurador general Hernán Estrada respondió: “Yo te vuelvo a repetir lo que te he dicho, que nadie está exento de esto”.
Las pruebas que supuestamente tiene Avilés Serrano para involucrar al magistrado Solís en tráfico de tierras, son de que ella conoce que en una ocasión él intercedió por la abogada Claudia Vásquez, cuando esta supuestamente estaba detenida en la ciudad de Matagalpa por supuestamente estar involucrada en el tráfico de tierras.
Solís negó conocer a Vásquez, pero que sí conocía a la madre de ella, Melba Pérez, quien estaba involucrada en la venta de tierras que le hicieron de la playa de Quisalá.
LA PRENSA buscó a Vásquez, quien según Avilés Serrano trabaja en la Comisión de Reconciliación, Paz y Justicia que preside el cardenal Miguel Obando y Bravo.
Vásquez negó todas las afirmaciones de Avilés Serrano y aseguró que está anuente a que las autoridades la investiguen, pues no tiene nada que esconder.
Vásquez dijo que conoce a Avilés Serrano porque ella fue su abogada cuando la Alcaldía de San Rafael del Sur le disputó unas tierras que ella posee en la playa de Quisalá, pero dejó de tener contacto con ella cuando Avilés Serrano pasó a trabajar en la Procuraduría General de la República bajo la dirección del entonces procurador Alberto Novoa, pero luego fue despedida cuando fue denunciada por supuestas anomalías en su actuación como notario uno del Estado, precisamente en conflictos de propiedad.
Avilés Serrano ha negado las acusaciones y actualmente está procesada y tiene programado juicio oral y público para el próximo 5 de febrero, por el delito de estelionato.
“Aquí no dejemos títeres sin cabeza desde el Presidente de la República hasta el último ciudadano sea investigado de quienes salgan señalados. Los que estamos limpios vamos a salir limpios”, expresó Talavera.
En tanto el Procurador General de la República, Hernán Estrada, reveló que el problema del tráfico de tierras es tan grave que hasta la banca privada se ha beneficiado.
“Nadie está libre, hasta la banca se ha beneficiado. Con los títulos de Reforma Agraria se pusieron en prenda por deudas ante los bancos y hacían una especie de lavado por las propiedades, cuando ya quedaban lavadas por una hipoteca o por un embargo que les hiciera un banco, quedaban como ‘santificadas’ y después las vendían”, explicó el procurador Estrada.
“Debe verse como un problema de Estado”, reiteró el procurador Estrada.
Estrada agregó que hasta los propios beneficiados con la Reforma Agraria, los ex desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense de la cual fue líder el diputado Talavera, cometieron anomalías con las tierras que les entregó el Estado.
Al ser consultado si las tierras podían ser vendidas, Estrada indicó: “No se podían vender, el tráfico ha sido en todos los sectores, (hubo) actos irregulares de la Resistencia. Las vendían y después las reclamaban”, especificó Estrada.
Un ejemplo de esa situación fue el caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, quien admitió que había comprado junto a un grupo de empresarios unas tierras que el Gobierno de Violeta de Chamorro le entregó al “comandante Mack” de la ex Resistencia, José Benito Bravo, en la playa de Quisalá, San Rafael del Sur.
El diputado Talavera calificó la playa de Quisalá como “una de las más exquisitas del país, un lugar bello”, y agregó que el magistrado Solís, como conocedor de las leyes, aunque no era magistrado cuando las compró, no debió realizar dicha transacción.
“Él (Solís) no puede aducir inocencia, las personas en Nicaragua saben que no pueden comprar esas tierras, y el Estado debe recuperarlas. Él es responsable directo”, manifestó Talavera.
El magistrado Solís dijo en una carta enviada a LA PRENSA que él accedió a comprar la propiedad en Quisalá después de comprobar que todo estaba conforme a las leyes, pero luego resultó que no podía poseer la propiedad porque la Alcaldía de San Rafael del Sur reclama dichas tierras como ejidales y por lo tanto él sería un estafado por la mafia de robatierras que existe en el país.
Sobre el señalamiento de Talavera, Solís explicó que la prohibición de que los beneficiados con tierras del Estado no podían venderlas estaba estipulada en la Ley 85, Ley de Transmisión de la Propiedad de Viviendas y otros Inmuebles pertenecientes al Estado y sus instituciones; en la Ley 86, Ley Especial de Legalización de Lotes y Terrenos, y en la Ley 88, Ley de Protección a la Propiedad Agraria.
Pero cuando él compró tierras en Quisalá, en el año 1994, lo hizo conforme a la ley, y la prohibición de no vender tierras de la Reforma Agraria ya no estaba contemplada en las leyes vigentes en ese momento, la Ley 209, Reglamento de la Ley de Estabilidad de la Propiedad y la Ley 278, Ley sobre la Propiedad Reformada Urbana y Agraria.
Después de ser señalado por la ex notario uno del Estado, Morena Avilés Serrano, de que supuestamente está detrás de traficantes de tierra, Solís anunció que está dispuesto a despojarse de su inmunidad como magistrado, para que las autoridades competentes lo investiguen sin límites sobre los señalamientos hechos por Avilés Serrano.
Al ser consultado sobre si procedería a investigar a Solís, el procurador general Hernán Estrada respondió: “Yo te vuelvo a repetir lo que te he dicho, que nadie está exento de esto”.
Las pruebas que supuestamente tiene Avilés Serrano para involucrar al magistrado Solís en tráfico de tierras, son de que ella conoce que en una ocasión él intercedió por la abogada Claudia Vásquez, cuando esta supuestamente estaba detenida en la ciudad de Matagalpa por supuestamente estar involucrada en el tráfico de tierras.
Solís negó conocer a Vásquez, pero que sí conocía a la madre de ella, Melba Pérez, quien estaba involucrada en la venta de tierras que le hicieron de la playa de Quisalá.
LA PRENSA buscó a Vásquez, quien según Avilés Serrano trabaja en la Comisión de Reconciliación, Paz y Justicia que preside el cardenal Miguel Obando y Bravo.
Vásquez negó todas las afirmaciones de Avilés Serrano y aseguró que está anuente a que las autoridades la investiguen, pues no tiene nada que esconder.
Vásquez dijo que conoce a Avilés Serrano porque ella fue su abogada cuando la Alcaldía de San Rafael del Sur le disputó unas tierras que ella posee en la playa de Quisalá, pero dejó de tener contacto con ella cuando Avilés Serrano pasó a trabajar en la Procuraduría General de la República bajo la dirección del entonces procurador Alberto Novoa, pero luego fue despedida cuando fue denunciada por supuestas anomalías en su actuación como notario uno del Estado, precisamente en conflictos de propiedad.
Avilés Serrano ha negado las acusaciones y actualmente está procesada y tiene programado juicio oral y público para el próximo 5 de febrero, por el delito de estelionato.
FUENTE LA PRENSA.com.ni
QUIEN ES TALAVERA RUIZ:
Cristóbal Evaristo Duarte fue afectado cuando quiso recuperar una finca de 500 manzanas de extensión, en Paiwas, que había hipotecado a favor del quebrado Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
En el caso fue mencionado el ahora diputado Salvador Talavera Alaniz como presunto " “enlace” entre Duarte, otros afectados, la abogada Acosta y Vásquez, para que las últimas tramitaran la “legalización” de la propiedad.
La acusación refiere que en enero del 2006, Duarte recibió la escritura número 15, “de donación irrevocable”, presuntamente suscrita en Managua a las 9:30 a.m. del dos de marzo del 2005 ante los oficios de la entonces notario del Estado, Zeila del Rosario Buitrago Santamaría.
En virtud de ese documento, supuestamente el (ex) procurador Víctor Manuel Talavera Huete realizó la “donación irrevocable” a favor de Duarte, dádiva cuyo monto fue estimado en 200 mil córdobas.
Sin embargo, cuando Duarte tramitó una libertad de gravamen en el Registro de la Propiedad de Matagalpa, supo que la finca seguía inscrita a favor del Estado. Por todos los trámites Duarte entregó ocho mil 830 dólares y ocho mil córdobas a Acosta y a Vásquez. (HASTA LA VICTORIA SIEMPRE)
En el caso fue mencionado el ahora diputado Salvador Talavera Alaniz como presunto " “enlace” entre Duarte, otros afectados, la abogada Acosta y Vásquez, para que las últimas tramitaran la “legalización” de la propiedad.
La acusación refiere que en enero del 2006, Duarte recibió la escritura número 15, “de donación irrevocable”, presuntamente suscrita en Managua a las 9:30 a.m. del dos de marzo del 2005 ante los oficios de la entonces notario del Estado, Zeila del Rosario Buitrago Santamaría.
En virtud de ese documento, supuestamente el (ex) procurador Víctor Manuel Talavera Huete realizó la “donación irrevocable” a favor de Duarte, dádiva cuyo monto fue estimado en 200 mil córdobas.
Sin embargo, cuando Duarte tramitó una libertad de gravamen en el Registro de la Propiedad de Matagalpa, supo que la finca seguía inscrita a favor del Estado. Por todos los trámites Duarte entregó ocho mil 830 dólares y ocho mil córdobas a Acosta y a Vásquez. (HASTA LA VICTORIA SIEMPRE)
%2520700.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario