La serie de
movimientos sísmicos de hasta 4,2 grados
que se vienen registrando desde hace días en el golfo
de Valencia, en una zona donde de forma natural
no son frecuentes, está sorprendiendo a los experto
s por su magnitud. Lo que se conoce como
«sismicidad inducida» es un fenómeno
frecuente cuando la mano del hombre mete
presión en la terreno al inyectarle gas o líquido,
como cuando se llena de agua un embalse
o se fractura la roca para la generación de
energía geotérmica.
Normalmente se trata de microseísmos de muy
baja magnitud y que pasan inadvertidos para la
población, pero también ha habido grandes
terremotos que se han atribuido a esta sismicidad
inducida, como el que se produjo en Sichuan
en 2008, de hasta 7,9 grados en la escala Richter.
Técnicos del Instituto Geográfico Nacional
y del Instituto Geológico Miner se encuentran
ya estudiando las causas de los seísmos, que en
la noche del miércoles al jueves llegaron a alcanzar
los 4,1 grados.
El informe estará listo en «los próximos días»,
señaló el ministro de Industria, José Manuel
Soria. Sin embargo, aunque todavía no esté
científicamente contrastado, ya apuntó que
«hay una probabilidad muy alta» de que haya
una relación de causa-efecto entre la
inyección del gas del denominado proyecto
Castor y los terremotos registrados.
Mensaje de tranquilidad
En todo caso, el ministro quiso tranquilizar a
la población de la zona, porque «en opinión de
los técnicos no es una situación preocupante»
y el plan de emergencia activado el pasado martes
por la Comunidad Valenciana se sitúa en la
actualidad en el «nivel 0».
El gobierno catalán decidió anoche
activar en fase
de alerta el Plan Especial de Emergencias Sísmicas
en Cataluña (Sismicat), según informó el consejero
de Interior, Ramon Espadaler, tras reunirse en
Alcanar (Tarragona) con los alcaldes de municipos
afectados por los seísmos. Espadaler admitió que
aún no se dan las condiciones para activar la fase
de alerta del Sismicat -como, por ejemplo, que se
hubieran detectado desperfectos en edificios y
cañerías-, pero justificó la medida en que
es
preferible «pecar de exceso de celo» y tener
a punto los mecanismo de actuación que prevé
el plan cuando está activado.
El ministro de Industria recalcó que «mientras
no haya garantías totales para la seguridad de la
población de que no se van a producir ese tipo de
movimientos, no se autorizará a inyectar nuevo gas».
No aclarado por el momento si se plantea de
suspender definitivamente el proyecto ni quién
asumiría los costes de inversión en ese caso:
«No estamos en esa hipótesis», indicó.
El ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, insistió
también en que el Gobierno paralizó los trabajos
en la plataforma de gas cuando tuvo conocimiento
de los movimientos sísmicos y subrayó que en
la Declaración de Impacto Ambiental
emitida en 2009 -todavía con el gobierno
socialista- no había «ningún condicionamiento
por razones sísmicas», una declaración que era
«muy breve» pero, insiste, que no tenía
«ningún condicionante» en este sentido.
Precisamente, el consejero catalan de
Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, recordó
ayer que la Generalitat ya advirtió al anterior
gobierno del PSOE sobre la necesidad de estudiar
las consecuencias sísmicas que podría conllevar
el proyecto. Según el consejero, ese aviso quedó
en notificación y el Ejecutivo socialista desoyó
la petición catalana.
Además, el gobierno catalán ha pedido a
sus servicios jurídicos que estudien las
«vías judiciales» que podrían emprenderse
contra el almacén de gas subterráneo, según
dijo el delegado del Govern en las Terres
de l’Ebre, Xavier Pallarès.
CiU ha llevado la denuncia al terreno europeo
y ha pedido a la Comisión Europea que estudie
si el almacén cumple con las directivas de la
Unión. La formación convergente advirtió en
un comunicado de que, «a pesar de que el
Ministerio ha ordenado una parada temporal
de la actividad para investigar las causas del
aumento de actividad sísmica, ésta no se detiene».
Manifestación en Vinaroz
La inquietud en la costa de Tarragona
y Castellón era ayer patente. Unas 2.000
personas se manifestaron durante una
hora por las calles de Vinaroz, según la
estimación de la Policía Local, para exigir el cierre
del proyecto Castor tras los seísmos, informa Ep.
La concentración, en la que también participaron
los alcaldes de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola,
contó con la asistencia de representantes de los
grupos políticos de Vinaroz y de poblaciones vecinas,
como portavoces de los principales partidos de
la oposición.
Shale Gas España, la asociación que agrupa
a empresas especializadas en la extracción de
gas por la técnica del
fracking, marcó distancias
frente a lo que está sucediendo en Levante:
«Los trabajos de exploración o desarrollo de gas
no convencional mediante fracturación hidráulica
no están relacionados con los trabajos realizados
en el marco del proyecto Castor», explicaron.
El fracking, que consiste en la inyección de agua
y arena en rocas situadas a gran profundidad para
la liberación del gas que encierran, tiene gran rechazo
de las organizaciones ecologistas, que le atribuyen,
entre otros perjuicios, la generación de movimientos
sísmicos.
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