IMPECABLE
Interesante la nota de Carlos Pagni hoy en La Nación, si bien la podemos juzgar en general, lo interesante es la impoluta y defensora del kirchnerismo, solo empalidecida por un denunciante que le había cobrado el sueldo, Dra. Diana Conti. En realidad Pagni viene a demostrar que en el tema de los contactos, todo se toca con todo. Y que el marido de la Dra. estaba ligado a los personajes de los laboratorios que investiga Oyarbide, lo que hace su voto un poco cuestionable. Pero en esto del cretinismo operativo, quien no sabe es como quien no puede ver, y la Dra. Voto y Oyarbide fue perdonado cosa que perjudico a Zanola y desvio la atención. Interesante las reflexiones, pero para no acaparar con mis reflexiones que hable Pagni por si mismo:
El escenario
Oyarbide: juez, amigo y verdugo
Carlos Pagni
LA NACION
El jueves pasado, la Cámara del Trabajo designó a un interventorinformante para que investigue la administración de la Asociación Bancaria. Es posible que con esta decisión se complete la caída de Juan José Zanola, uno de los máximos caudillos del sindicalismo argentino. Zanola está preso en el penal de Marcos Paz por las irregularidades cometidas en la obra social de los bancarios, que también fue intervenida.
Su derrumbe entraña numerosos significados. Es la caricatura de la corrupción sindical, pero también es una exhibición cínica de cómo la condena de uno enmascara la impunidad de casi todos. Es la demostración de que Norberto Oyarbide, el juez de esta era, puede ser implacable. Y es una demostración de que también puede ser caprichoso. Es un intento disciplinario de Néstor Kirchner sobre el gremialismo, pero también es una alerta para que otros feligreses de Olivos, encabezados por Hugo Moyano, presientan que tal vez un día el poder les suelte la mano.
Los camaristas admitieron un planteo de la oposición a Zanola, que viene denunciando fraude en las elecciones bancarias. La medida tomó por sorpresa a la cúpula del sindicato, que celebraba un congreso en Córdoba. Una rara imprevisión, ya que en la asamblea había dos abogados que suelen estar bien informados: el diputado Héctor Recalde, principal asesor de Moyano, y Carlos Robinson Marín, socio del estudio jurídico de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo.
El interventor judicial es Raúl Emilio Alonso, quien deberá despejar algunos escabrosos enigmas. La Cámara ya le indicó que los padrones de La Bancaria están inflados en un 50 por ciento: suele ser un ardid del sindicalismo para arrancar subsidios al Estado a nombre de afiliados fantasma. Alonso deberá también revisar los movimientos de dinero en efectivo de las cuentas del gremio en el Banco Nación. O preguntarse por qué el sindicato le prestó cerca de 100 millones de pesos a la obra social de los bancarios, cuando estaba casi quebrada.
A primera vista, la designación de Alonso fue aséptica: este laboralista ya había intervenido la Uocra y el sindicato de la carne, y ocupó cargos técnicos durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero quienes ven debajo del agua asociaron dos detalles. Por un lado, Alonso es un simpatizante radical, igual que su hijo Emilio, que milita en la juventud porteña, cercana al cobismo. Por el otro, el segundo y sucesor interino de Zanola, Sergio Palazzo, es un radical mendocino, también amigo de Julio Cobos. ¿La presencia de Alonso ratifica la lealtad de Palazzo a su antiguo jefe? ¿O es la señal de que resolvió soltar amarras con Zanola? Estas preguntas no dejan dormir al presidiario de Marcos Paz. En realidad, motivos de insomnio son los que sobran en aquella celda. También están las habladurías que llegan desde otra cárcel, la de Ezeiza, donde la mujer de Zanola debe defenderse a las trompadas de las agresiones que, de tanto en tanto, le dedican las otras presas. ¿Por qué fracasó la excarcelación de Paula Aballay, que a los cuatro días de liberada debió regresar al penal? Otra incógnita que corroe al sindicalista.
La mano de Kirchner
En cambio, hay otro interrogante para el que Zanola ya tiene respuesta. Detrás de su prisión está Kirchner. Lo supone porque, el día en que le intervinieron el gremio, los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura impidieron que Oyarbide fuera sancionado por prejuzgar en su causa, como había pedido el radical Ernesto Sanz. Tal vez la única que tenía sus propias razones para "hacerse amiga del juez" haya sido Diana Conti: la Cámara Federal le pidió a Oyarbide que investigue también a Enrique Dratman, esposo de la diputada, de quien se registraron extensas conversaciones de negocios con Héctor Capaccioli, el ex superintendente de Salud. La peripecia del matrimonio Dratman-Conti inspira un par de preguntas. La más candorosa: ¿por qué la legisladora no se abstuvo en la votación sobre Oyarbide? La más incorrecta: ¿qué sentirá Conti al advertir que el gobierno por el que se ha cansado de dar la cara jamás le avisó que su esposo tenía el teléfono intervenido? Tal vez Conti ya llegó a la conclusión de que los Kirchner sólo cuidan a los Kirchner.
¿Pensará lo mismo Moyano cuando contempla la peripecia de Zanola? Para el secretario general de la CGT su colega es, acaso, un espejo que adelanta, un precursor. También la obra social de Moyano suscribió sospechosos contratos con droguería Urbana, y con droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, otro preso de Marcos Paz. Y también ese millonario negocio lo administró su esposa, Liliana Zulet, a través de una consultora privada. Estos antecedentes están agravados por un episodio ocurrido en Olivos el 19 de febrero pasado: a Moyano se le escapó responder a la Presidenta "los impresentables son vos y tu marido, comprándose dos millones de dólares", cuando ella le aconsejó que "los gremialistas no cobren más subsidios porque tienen mala imagen". Tal vez Kirchner anotó ese diálogo en su cuaderno Arte.
La Cámara Federal ya dictaminó que a Moyano debe seguir juzgándolo Claudio Bonadío, quien abrió hace tiempo una causa por enriquecimiento ilícito, y no Oyarbide. A pesar de ello, Oyarbide se resiste a enviar a su colega la información que descubrió sobre la obra social de los camioneros. La semana pasada esta disputa volvió a la Cámara.
La severidad
Moyano quiere pasar a manos de Oyarbide. Quizá no esté mirando lo severo que este magistrado ha sido con Zanola, sino lo magnánimo que resulta para otros imputados. No sólo para los Kirchner, a quienes exculpó del supuesto enriquecimiento ilícito -generosidad que le costó abandonar las noches de El Mirasol, donde otros parroquianos le amargaban el champagne con sus imprecaciones-.
La Cámara ordenó a Oyarbide que investigue a Capaccioli, Néstor Vázquez, Hernán Diez y Sebastián Gramajo. Vázquez era el gerente general de Capaccioli, comparte una consultora con el esposo de Conti, y en el sindicalismo lo señalan como socio oculto de Lorenzo en San Javier (dicen que preguntándole cómo compró su Touareg HJJ651 aparecería un universo de información). Diez y Gramajo están instalados en organizaciones fundamentales del kirchnerismo. Uno es director de Lotería y el otro, director de la Anses. Antes fueron recaudadores de campaña a las órdenes de Capaccioli y de Alberto Fernández.
¿Por qué Oyarbide no se ha interesado en ellos? La explicación más frecuente entre los sindicalistas alude a la amistad de algunos de estos funcionarios con José Ibarra, el secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis. Ibarra -o "Tachito", como lo denominan, con cariño, varios capitostes de la CGT- es íntimo amigo de Oyarbide. Acaso ese vínculo lo ha convertido en el niño mimado del sistema de salud. Sin ir más lejos, el 19 de abril pasado (resolución Nº 409) el superintendente Ricardo Bellagio rehabilitó, con pocos argumentos, la obra social del sindicato, que un año antes había sido dada de baja con gravísimas observaciones (resolución Nº 454).
Moyano no es el único hombre público que confía en la intercesión del taxista Ibarra para conseguir que Oyarbide lo proteja. Acaso el jefe de la Armada, Jorge Godoy, aspire a lo mismo. El almirante y su esposa compartieron por lo menos una comida con Oyarbide e Ibarra: fue en el Centro de Capitanes de Ultramar, el 11 de septiembre pasado. Ese acercamiento puede haber sido providencial para Godoy. Sucede que varios altos oficiales de su fuerza han sido denunciados por el Ministerio de Defensa por el presunto cobro de coimas en un megacontrato con la alemana Ferrostaal. La causa quedó radicada en el juzgado de Oyarbide, quien de investigar a sindicalistas pasaría a perseguir marinos. En cualquier momento los Kirchner querrán condecorarlo, con nomenclatura setentista, como el verdugo de las corporaciones.
El escenario
Oyarbide: juez, amigo y verdugo
Carlos Pagni
LA NACION
El jueves pasado, la Cámara del Trabajo designó a un interventorinformante para que investigue la administración de la Asociación Bancaria. Es posible que con esta decisión se complete la caída de Juan José Zanola, uno de los máximos caudillos del sindicalismo argentino. Zanola está preso en el penal de Marcos Paz por las irregularidades cometidas en la obra social de los bancarios, que también fue intervenida.
Su derrumbe entraña numerosos significados. Es la caricatura de la corrupción sindical, pero también es una exhibición cínica de cómo la condena de uno enmascara la impunidad de casi todos. Es la demostración de que Norberto Oyarbide, el juez de esta era, puede ser implacable. Y es una demostración de que también puede ser caprichoso. Es un intento disciplinario de Néstor Kirchner sobre el gremialismo, pero también es una alerta para que otros feligreses de Olivos, encabezados por Hugo Moyano, presientan que tal vez un día el poder les suelte la mano.
Los camaristas admitieron un planteo de la oposición a Zanola, que viene denunciando fraude en las elecciones bancarias. La medida tomó por sorpresa a la cúpula del sindicato, que celebraba un congreso en Córdoba. Una rara imprevisión, ya que en la asamblea había dos abogados que suelen estar bien informados: el diputado Héctor Recalde, principal asesor de Moyano, y Carlos Robinson Marín, socio del estudio jurídico de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo.
El interventor judicial es Raúl Emilio Alonso, quien deberá despejar algunos escabrosos enigmas. La Cámara ya le indicó que los padrones de La Bancaria están inflados en un 50 por ciento: suele ser un ardid del sindicalismo para arrancar subsidios al Estado a nombre de afiliados fantasma. Alonso deberá también revisar los movimientos de dinero en efectivo de las cuentas del gremio en el Banco Nación. O preguntarse por qué el sindicato le prestó cerca de 100 millones de pesos a la obra social de los bancarios, cuando estaba casi quebrada.
A primera vista, la designación de Alonso fue aséptica: este laboralista ya había intervenido la Uocra y el sindicato de la carne, y ocupó cargos técnicos durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero quienes ven debajo del agua asociaron dos detalles. Por un lado, Alonso es un simpatizante radical, igual que su hijo Emilio, que milita en la juventud porteña, cercana al cobismo. Por el otro, el segundo y sucesor interino de Zanola, Sergio Palazzo, es un radical mendocino, también amigo de Julio Cobos. ¿La presencia de Alonso ratifica la lealtad de Palazzo a su antiguo jefe? ¿O es la señal de que resolvió soltar amarras con Zanola? Estas preguntas no dejan dormir al presidiario de Marcos Paz. En realidad, motivos de insomnio son los que sobran en aquella celda. También están las habladurías que llegan desde otra cárcel, la de Ezeiza, donde la mujer de Zanola debe defenderse a las trompadas de las agresiones que, de tanto en tanto, le dedican las otras presas. ¿Por qué fracasó la excarcelación de Paula Aballay, que a los cuatro días de liberada debió regresar al penal? Otra incógnita que corroe al sindicalista.
La mano de Kirchner
En cambio, hay otro interrogante para el que Zanola ya tiene respuesta. Detrás de su prisión está Kirchner. Lo supone porque, el día en que le intervinieron el gremio, los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura impidieron que Oyarbide fuera sancionado por prejuzgar en su causa, como había pedido el radical Ernesto Sanz. Tal vez la única que tenía sus propias razones para "hacerse amiga del juez" haya sido Diana Conti: la Cámara Federal le pidió a Oyarbide que investigue también a Enrique Dratman, esposo de la diputada, de quien se registraron extensas conversaciones de negocios con Héctor Capaccioli, el ex superintendente de Salud. La peripecia del matrimonio Dratman-Conti inspira un par de preguntas. La más candorosa: ¿por qué la legisladora no se abstuvo en la votación sobre Oyarbide? La más incorrecta: ¿qué sentirá Conti al advertir que el gobierno por el que se ha cansado de dar la cara jamás le avisó que su esposo tenía el teléfono intervenido? Tal vez Conti ya llegó a la conclusión de que los Kirchner sólo cuidan a los Kirchner.
¿Pensará lo mismo Moyano cuando contempla la peripecia de Zanola? Para el secretario general de la CGT su colega es, acaso, un espejo que adelanta, un precursor. También la obra social de Moyano suscribió sospechosos contratos con droguería Urbana, y con droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, otro preso de Marcos Paz. Y también ese millonario negocio lo administró su esposa, Liliana Zulet, a través de una consultora privada. Estos antecedentes están agravados por un episodio ocurrido en Olivos el 19 de febrero pasado: a Moyano se le escapó responder a la Presidenta "los impresentables son vos y tu marido, comprándose dos millones de dólares", cuando ella le aconsejó que "los gremialistas no cobren más subsidios porque tienen mala imagen". Tal vez Kirchner anotó ese diálogo en su cuaderno Arte.
La Cámara Federal ya dictaminó que a Moyano debe seguir juzgándolo Claudio Bonadío, quien abrió hace tiempo una causa por enriquecimiento ilícito, y no Oyarbide. A pesar de ello, Oyarbide se resiste a enviar a su colega la información que descubrió sobre la obra social de los camioneros. La semana pasada esta disputa volvió a la Cámara.
La severidad
Moyano quiere pasar a manos de Oyarbide. Quizá no esté mirando lo severo que este magistrado ha sido con Zanola, sino lo magnánimo que resulta para otros imputados. No sólo para los Kirchner, a quienes exculpó del supuesto enriquecimiento ilícito -generosidad que le costó abandonar las noches de El Mirasol, donde otros parroquianos le amargaban el champagne con sus imprecaciones-.
La Cámara ordenó a Oyarbide que investigue a Capaccioli, Néstor Vázquez, Hernán Diez y Sebastián Gramajo. Vázquez era el gerente general de Capaccioli, comparte una consultora con el esposo de Conti, y en el sindicalismo lo señalan como socio oculto de Lorenzo en San Javier (dicen que preguntándole cómo compró su Touareg HJJ651 aparecería un universo de información). Diez y Gramajo están instalados en organizaciones fundamentales del kirchnerismo. Uno es director de Lotería y el otro, director de la Anses. Antes fueron recaudadores de campaña a las órdenes de Capaccioli y de Alberto Fernández.
¿Por qué Oyarbide no se ha interesado en ellos? La explicación más frecuente entre los sindicalistas alude a la amistad de algunos de estos funcionarios con José Ibarra, el secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis. Ibarra -o "Tachito", como lo denominan, con cariño, varios capitostes de la CGT- es íntimo amigo de Oyarbide. Acaso ese vínculo lo ha convertido en el niño mimado del sistema de salud. Sin ir más lejos, el 19 de abril pasado (resolución Nº 409) el superintendente Ricardo Bellagio rehabilitó, con pocos argumentos, la obra social del sindicato, que un año antes había sido dada de baja con gravísimas observaciones (resolución Nº 454).
Moyano no es el único hombre público que confía en la intercesión del taxista Ibarra para conseguir que Oyarbide lo proteja. Acaso el jefe de la Armada, Jorge Godoy, aspire a lo mismo. El almirante y su esposa compartieron por lo menos una comida con Oyarbide e Ibarra: fue en el Centro de Capitanes de Ultramar, el 11 de septiembre pasado. Ese acercamiento puede haber sido providencial para Godoy. Sucede que varios altos oficiales de su fuerza han sido denunciados por el Ministerio de Defensa por el presunto cobro de coimas en un megacontrato con la alemana Ferrostaal. La causa quedó radicada en el juzgado de Oyarbide, quien de investigar a sindicalistas pasaría a perseguir marinos. En cualquier momento los Kirchner querrán condecorarlo, con nomenclatura setentista, como el verdugo de las corporaciones.
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