De herencias y rescates
Juan José R. Calaza *
27.01.2013 | 11:37
Hay pocas afirmaciones cuya veracidad sea en general incuestionable. Por ejemplo, es common knowledge pero no generalmente cierto que los ángulos de un triángulo suman ciento ochenta grados. Es cierto en el plano cartesiano, pero en una esfera suman más de ciento ochenta, menos en una silla de montar. Por tanto, la veracidad de la afirmación, "los ángulos de un triángulo suman ciento ochenta grados", depende crucialmente de ciertas hipótesis y de la convención implícita que nos referimos al plano cartesiano.
Cuando se afirma que la política económica del Gobierno que preside Rajoy ha sido mala hasta la fecha hay que sopesar la afirmación respecto a las condiciones subyacentes. También cabe afirmar que es la adecuada -en el sentido de que no hay otra alternativa dentro del euro- aunque de momento no diera resultados favorables tangibles respecto al empleo, la reducción de la deuda pública o el poder adquisitivo de los españoles.
Así las cosas, es inevitable remitirse a la "herencia" económica dejada por los socialistas habida cuenta que ellos no se privan de endosarle al actual Gobierno la herencia ideológica del franquismo como causa de la consolidación fiscal que llaman recortes. Es cierto que más ideológica que científica- que al amparo de la crisis querría poner patas arriba los logros sociales de la democracia, e incluso anteriores, pero no creo que sus beligerantes tesis dominen entre los populares aunque solo fuere por un simple cálculo de optimización electoral.
Durante los dos gobiernos de Aznar no recuerdo recortes ni ataques flagrantes al Estado del Bienestar /Providencia, prueba de que el centro-derecha no aplica consolidaciones fiscales dolorosas si las circunstancias no lo requieren. Sin embargo, no he olvidado que, a pesar de la virulencia de la crisis ya por entonces manifiesta, el Gobierno presidido por Zapatero, del que formaba parte el señor Rubalcaba, permitió que el 16 de julio 2010 entrara en vigor el acuerdo con Luxemburgo para que las grandes fortunas españolas pudiesen invertir en los SIF luxemburgueses (por sus siglas en inglés, fondos de inversión especializados) producto financiero que permite pagar menos impuestos, hasta ese momento vetado fiscalmente en nuestro país.
Frente al déficit oculto, el Gobierno de Rajoy reforzó las medidas de contención del gasto público -los famosos recortes- y buscó el aumento de los ingresos fiscales via el incremento de impuestos ¿Eso no estaba en el programa electoral del PP? Y qué, a mí también me llevó un piloto al aeropuerto de Lavacolla a pesar de que el billete que pagué era a Peinador. ¿Debería reprochárselo o agradecerle que dadas las condiciones atmosféricas en Vigo decidiera cambiar sabiamente el plan de vuelo? Además, el Gobierno del PP se encontró con el problemón de tener que sanear y reestructurar un sistema bancario, especialmente las cajas de ahorros, que los socialistas vendieron como uno de los más sólidos del mundo.
Se le pueden hacer otros reproches al Gobierno, pero nadie de buena fe debería negarle tampoco el mérito de haber conseguido el saneamiento del sistema bancario sin que el país tuviera que sufrir un traumático rescate. Una cosa son las recomendaciones de Bruselas o del FMI a España, y otra, bien distinta, las obligaciones impuestas a los países rescatados. Las ayudas europeas a la banca española se sustanciaron con condiciones suaves, perfectamente soportables, que, junto con las medidas de consolidación fiscal -duras, aunque no tanto como en otros países europeos- y la determinación tardía pero decisiva de Mario Draghi de salvar el euro, relajaron la prima de riesgo que soportaba la deuda española y evitaron, de momento, la tutela de España. Los españoles en general lo ignoran, pero un rescate duro hubiera impuesto mayores recortes y aumento de impuestos.
Los defensores del rescate lo justifican diciendo si España pidiera una línea preventiva de crédito sería bueno no solo por el ahorro de costes para el sector público, sino para que las empresas se financien a tipos más reducidos. En lo que respeta a la deuda pública el argumento no carece de peso, pero en cuanto a sus efectos virtuosos sobre el coste de financiación empresarial es más dudoso. Actualmente no hay efecto evicción notable: el sector público desplaza al privado como receptor de financiación bancaria pero el crédito disminuye al mismo tiempo. Son los bancos los que no prestan o las empresas las que no solicitan créditos por falta de expectativas. En este sentido, el rescate no solucionaría gran cosa y estrangularía aún más al Estado del Bienestar.
Por otra parte, la insistencia para el rescate tiene otra lectura mucho más maquiavélica. No es cierto que el Gobierno ayude a los banqueros, como algunos demagógicamente pretenden, por haber puesto un dique a la sangría de las cajas. Si el Gobierno hubiera querido ayudar a los banqueros hubiese pedido el rescate hace tiempo. A los presidentes de las empresas que cotizan en el Ibex35, el rescate les interesa personalmente para evitar que un eventual derrumbe de cotizaciones los ponga en la calle al calor de OPA hostil.
Todo el mundo sabe, incluso los economistas de la oposición, que hay que reducir el déficit antes de obtener buenas condiciones de financiación, los desacuerdos solo afectan al ritmo. Sin embargo, precisamente en ese punto el Gobierno puede mostrar menos radicalismo en su voluntad de aplicar recortes que el PSOE. El presidente Rajoy anunció de buena hora a la Comisión Europea, como cuestión de soberanía nacional, que España alteraba unilateralmente el objetivo de déficit, subiéndolo, acordado por los socialistas. En consecuencia, el pataleo frente a los recortes es puramente político, con ánimo de desgastar al Gobierno, sin proponer alternativa seria, viable, asumible por nuestros socios europeos. Y ahí entramos en el nudo de la cuestión: desde que estamos en el euro hemos perdido prácticamente la autonomía de la política económica. Dicho de otra forma: desde que entramos en el euro estamos, en cierta medida, intervenidos.
*Economista y matemático
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